Consulta

Las 13 alternativas a la cárcel

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La reforma constitucional de 2008 transformó la prisión preventiva en una excepción dentro del sistema penal acusatorio mexicano. El artículo 19 constitucional establece que el juez debe priorizar medidas cautelares menos lesivas antes de imponer la cárcel. El catálogo nacional contempla 14 medidas; solo una es prisión preventiva. Las otras 13 alternativas incluyen: presentación periódica, garantía económica (fianza moderna), embargo precautorio de bienes, prohibición de salir de un territorio, resguardo domiciliario, cuidado por tercera persona, brazalete electrónico, prohibición de acudir a ciertos lugares, prohibición de acercarse a víctimas, separación del domicilio, suspensión temporal de cargo público, suspensión de actividad profesional y vigilancia policial. Conocer estas opciones permite litigar para garantizar el proceso sin sacrificar la libertad del imputado.

¿Autorización amplia en amparo? Basta tu cédula, no el registro del PJF

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¿Es necesario que la cédula profesional esté registrada en el Sistema Computarizado del Poder Judicial Federal para obtener la autorización en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo? No. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte resolvió que basta con proporcionar en el escrito de autorización los datos que acrediten que la persona es licenciada en derecho, los cuales pueden corroborarse en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP. El sistema interno del PJF es solo una herramienta administrativa para agilizar consultas, pero no constituye un requisito legal adicional. Exigir su registro restringiría injustificadamente el alcance de la autorización y afectaría el derecho de acceso a la justicia.

¿Cómo Calcular la Indemnización por Fallecimiento?

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La correcta cuantificación de los gastos funerarios y la indemnización por muerte, previstos en los artículos 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo, requiere observar el tope salarial establecido en el artículo 486 del mismo ordenamiento. Estas prestaciones consisten en el pago de dos meses de salario para gastos funerarios y una indemnización equivalente a cinco mil días de salario. Sin embargo, para su cálculo, si el salario del trabajador fallecido supera el doble del salario mínimo del área geográfica correspondiente, se debe tomar esta última cantidad como base máxima. Este criterio, respaldado por una decisión judicial, es fundamental para determinar de manera objetiva y legal el monto que corresponde a los beneficiarios.

¿Demandas a una aseguradora? No necesitas probar el monto exacto del daño desde el inicio

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Un criterio clave del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito establece que, al demandar el cumplimiento de un contrato de seguro, el actor no está obligado a acreditar el monto líquido de los daños como elemento de su acción. Basta demostrar la existencia de la póliza, la ocurrencia del siniestro amparado y el aviso oportuno a la aseguradora. La cuantificación específica se determina en una posterior ejecución de sentencia, un procedimiento autónomo y contencioso. Este principio evita colocar al asegurado en indefensión y corrige incentivos negativos para las aseguradoras, equilibrando el proceso dentro de los juicios orales mercantiles conforme a la naturaleza de este tipo de contratos.

¿Qué es el Plan Nacional de Conectividad 2026‑2030?

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El Plan Nacional de Conectividad 2026‑2030 es un instrumento vinculante de planeación sexenal que busca garantizar el derecho de acceso a internet y telecomunicaciones previsto en el artículo 6° constitucional. Se materializa anualmente mediante dos programas de observancia obligatoria: el de Cobertura Social y el de Conectividad en Sitios Públicos. Sus metas incluyen alcanzar el 98% de cobertura poblacional y beneficiar a 3.2 millones de personas en pobreza extrema con acceso gratuito. Introduce obligaciones concretas para concesionarios, como cobertura social y compartición de infraestructura, y ordena la simplificación regulatoria municipal mediante ventanillas únicas digitales. Para el sector legal, representa un parteaguas que exige prepararse en nuevas obligaciones contractuales, procedimientos administrativos y eventuales litigios.