Administrativo

¿Sufriste un accidente por CFE?

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El derecho a reclamar indemnización por daños físicos o psíquicos derivados de la actividad administrativa irregular del Estado debe computarse a partir del día siguiente en que se produzca el daño, o desde que cesen sus efectos lesivos si son de carácter continuo. Este criterio, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte al resolver el amparo en revisión 764/2018 y confirmado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito (registro digital 2031868), surge de una interpretación armónica del artículo 25 de la ley federal relativa aplicando el principio pro persona. Cuando existan secuelas físicas o psíquicas persistentes que requieran evaluaciones médicas para determinar su magnitud, el plazo de prescripción no puede computarse desde el accidente mismo, sino hasta que sea posible conocer sus consecuencias definitivas.

¿Se Renueva Automáticamente un Contrato con el Gobierno?

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Un Tribunal Colegiado estableció que en los contratos administrativos, como los de servicios públicos de agua, opera la prórroga tácita si al término de su vigencia las partes continúan ejerciendo actos derivados de ellos. Esto ocurrió cuando, tras vencer un contrato de saneamiento, el usuario siguió realizando descargas y la autoridad emitió cobros con nuevas tarifas. Esta conducta mutua manifestó un consentimiento tácito para renovar el vínculo. En consecuencia, la modificación de tarifas no se consideró un acto de autoridad autónomo, sino una aplicación de cláusulas contractuales, haciendo improcedente el amparo indirecto. El criterio aplica principios del derecho común para interpretar la voluntad de las partes.

¿La tarifa por placas en durango viola la equidad tributaria?

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El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil resolvió que el artículo 60, apartado A, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, que establece cuotas diferenciadas por el servicio de control vehicular (placas), viola el principio de equidad tributaria. Se determinó que, al ser el servicio prestado (registro y dotación de placas) idéntico para todos los vehículos, no existe justificación para tarifas distintas. Además, no puede invocarse el mayor uso de la infraestructura vial para fundamentar la diferenciación, ya que estos costos generales deben financiarse vía impuestos, no mediante derechos por un servicio específico e igual para todos.

¿Qué protege el margen razonable del libre ejercicio profesional?

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El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa estableció un criterio fundamental: es improcedente sancionar administrativamente a servidores públicos cuando actúan dentro del margen razonable de su libre ejercicio profesional. Esto surgió tras un caso donde una agente del Ministerio Público fue sancionada por su interpretación jurídica al ejercer acción penal, a pesar de que su decisión estaba debidamente fundada. El Tribunal aclaró que este margen protege la discrecionalidad técnica y el criterio propio en la interpretación de normas, siempre que la actuación no sea arbitraria o carezca de motivación. El principio busca evitar que el temor a sanciones paralice el ejercicio profesional independiente y valioso dentro de la función pública.

Nulidad de juicios concluidos

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La acción de nulidad de juicio concluido no procede cuando la legislación no la prevé expresamente, incluso en casos de fraude procesal, según el Pleno de la SCJN (Contradicción de Tesis 26/2003-PL). El fallo establece que la cosa juzgada prevalece, respaldado por el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo (antes de su reforma en 2019), que prohibía impugnar laudos laborales. La SCJN destacó que, al no existir norma expresa, el legislador no quiso admitir esta acción. Los abogados deben actuar durante el juicio ante irregularidades, pues después será tarde. Aunque existen alternativas como el amparo indirecto, no equivalen a una nulidad. Este criterio refuerza la seguridad jurídica y limita impugnaciones extemporáneas.