¿Cómo resolver lagunas normativas y axiológicas en el amparo?

Este post explica las diferencias entre las lagunas normativas y axiológicas, utilizando un caso sobre un emplazamiento por edictos como ejemplo. Una laguna normativa ocurre cuando el legislador no prevé un supuesto específico, creando un vacío que se resuelve mediante la supletoriedad, la analogía o los principios generales del derecho. Por otro lado, una laguna axiológica se presenta cuando, aunque existe una norma aplicable, el juez la considera inadecuada o injusta y la descarta, procediendo a construir una nueva solución conforme a los valores del sistema jurídico. Identificar correctamente el tipo de laguna es crucial para la estrategia litigiosa, especialmente al discutir la aplicación de leyes supletorias en un juicio de amparo.

¿Qué es la confianza legítima?

Ante la creciente invocación del principio de confianza legítima en litigios administrativos, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ha emitido un criterio esclarecedor: este principio no obliga a las autoridades a resolver todos los casos de la misma manera, ni siquiera cuando existe una mayoría de precedentes en un sentido determinado.

El tribunal analizó el caso de una empresa que, tras recibir un permiso de la CRE por cuatro años, pretendía que se le otorgaran veinticinco años argumentando que esa era la vigencia otorgada en la mayoría de los casos similares. La confianza legítima, conforme a jurisprudencia de la Suprema Corte, protege expectativas generadas por la conducta persistente de la autoridad hacia un particular específico, no por comparación con terceros. Para su configuración, se requiere acreditar una aquiescencia tácita prolongada que haya inducido al particular a ajustar su conducta, no simplemente esperar uniformidad en las decisiones administrativas.

¿Autorización amplia en amparo? Basta tu cédula, no el registro del PJF

¿Es necesario que la cédula profesional esté registrada en el Sistema Computarizado del Poder Judicial Federal para obtener la autorización en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo? No. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte resolvió que basta con proporcionar en el escrito de autorización los datos que acrediten que la persona es licenciada en derecho, los cuales pueden corroborarse en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP. El sistema interno del PJF es solo una herramienta administrativa para agilizar consultas, pero no constituye un requisito legal adicional. Exigir su registro restringiría injustificadamente el alcance de la autorización y afectaría el derecho de acceso a la justicia.

¿Sufriste un accidente por CFE?

El derecho a reclamar indemnización por daños físicos o psíquicos derivados de la actividad administrativa irregular del Estado debe computarse a partir del día siguiente en que se produzca el daño, o desde que cesen sus efectos lesivos si son de carácter continuo. Este criterio, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte al resolver el amparo en revisión 764/2018 y confirmado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito (registro digital 2031868), surge de una interpretación armónica del artículo 25 de la ley federal relativa aplicando el principio pro persona. Cuando existan secuelas físicas o psíquicas persistentes que requieran evaluaciones médicas para determinar su magnitud, el plazo de prescripción no puede computarse desde el accidente mismo, sino hasta que sea posible conocer sus consecuencias definitivas.

¿Se Renueva Automáticamente un Contrato con el Gobierno?

Un Tribunal Colegiado estableció que en los contratos administrativos, como los de servicios públicos de agua, opera la prórroga tácita si al término de su vigencia las partes continúan ejerciendo actos derivados de ellos. Esto ocurrió cuando, tras vencer un contrato de saneamiento, el usuario siguió realizando descargas y la autoridad emitió cobros con nuevas tarifas. Esta conducta mutua manifestó un consentimiento tácito para renovar el vínculo. En consecuencia, la modificación de tarifas no se consideró un acto de autoridad autónomo, sino una aplicación de cláusulas contractuales, haciendo improcedente el amparo indirecto. El criterio aplica principios del derecho común para interpretar la voluntad de las partes.