El Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que los artículos 112 y 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México no conforman un sistema normativo en materia del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles. Para que varias disposiciones puedan ser impugnadas como un sistema, es necesario que formen una unidad normativa prácticamente indisociable, donde la declaración de inconstitucionalidad de una afecte el sentido y aplicación de las demás. En este caso, el artículo 112 define a los sujetos pasivos del impuesto, mientras que el 113 establece su forma de cálculo. Al ser funcionalmente independientes, cada precepto conserva su autonomía para efectos de impugnación constitucional.

El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur determinó que el auto inicial en el amparo indirecto es el momento procesal oportuno para desechar la demanda cuando un sentenciado en prisión preventiva y condenado en primera instancia reclama dilaciones por la omisión de designar asesor jurídico a la víctima. Esta causal de improcedencia (artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo) es manifiesta e indudable, pues dicha omisión no afecta la esfera jurídica del quejoso, sino únicamente a la víctima. La irregularidad debe ventilarse mediante el recurso de apelación contra la sentencia, no en amparo. Admitir la demanda generaría gastos procesales innecesarios, ya que el juicio constitucional no podría dejar insubsistente la condena para reparar esta omisión. El criterio refuerza la eficiencia del sistema al desechar casos improcedentes desde el inicio.