El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito estableció que la negativa de la SRE a iniciar el trámite de pasaporte ordinario para una persona menor de edad, con base en supuestas inconsistencias respecto de la identidad de su madre, constituye una limitación arbitraria a los derechos a la identidad, nacionalidad y libre tránsito. El caso surgió cuando una madre con doble nacionalidad acudió por el pasaporte de sus hijas y la autoridad se negó verbalmente, sin fundamento legal. El tribunal revocó el sobreseimiento y precisó que, si el menor cumple con los requisitos del artículo 18 del Reglamento de Pasaportes, la SRE debe recibir la solicitud; las irregularidades documentales de la progenitora no son atribuibles al hijo, por lo que no justifican restringir sus derechos humanos.

Este extracto resume el análisis sobre la caducidad de registros marcarios en México y su relación con la seguridad jurídica. Se explica el criterio del Poder Judicial, que determinó que los artículos 235 y 260 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial son constitucionales. La justificación radica en que estas normas establecen con claridad los elementos mínimos para la caducidad, como el no uso de la marca por tres años consecutivos sin causa justificada. Se acepta el uso de conceptos jurídicos indeterminados en áreas técnicas, pues generan la certeza necesaria para los destinatarios y promueven una sana competencia.