El Pleno de la Suprema Corte declaró inconstitucional la cancelación de la licencia para conducir prevista en los artículos 168 y 26, fracción XXX, de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, que impedía obtener una nueva licencia hasta por 10 años por no contar con seguro de responsabilidad civil. La sanción es ineficaz para garantizar la seguridad vial y desproporcionada frente a la gravedad de la infracción. A diferencia de conductas como conducir bajo el influjo del alcohol, la omisión de contratar un seguro no genera un peligro inmediato a la vida o integridad. Además, la propia ley ya prevé una multa de 20 a 40 UMA, suficiente para castigar y disuadir la falta. Por ello, la cancelación prolongada resulta excesiva y viola principios constitucionales.