Protección y Bienestar Animal en la CDMX: La Especialización en Etología como Requisito para la Eutanasia no Violenta la Libertad de Trabajo El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en un fallo reciente en materia de protección animal, resolvió que el requisito de que los médicos veterinarios zootecnistas para que cuenten con especialización … Leer más
El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur determinó que los hechos notorios pueden invocarse para resolver contradicciones de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito. El caso surgió al analizar pruebas idénticas (un poder notarial) en dos juicios laborales: un tribunal atribuyó competencia a un juzgado local, mientras otro la asignó a uno federal. El Pleno Regional fundamentó su criterio en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que permite usar hechos notorios sin probarlos, y en la aplicación analógica del artículo 75 de la Ley de Amparo. Así, información accesible en fuentes oficiales (como sitios web gubernamentales) puede emplearse como prueba válida para unificar jurisprudencia en la región judicial.
La clásica pregunta «¿me permite revisar su bolso?» al salir de una tienda tiene una respuesta clara en la ley mexicana. El artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor prohíbe a los establecimientos realizar acciones que atenten contra la libertad o integridad de los consumidores bajo pretexto de registro. Esto significa que las tiendas pueden solicitar la revisión, pero no pueden imponerla. La revisión solo procede si el consumidor consiente voluntariamente. Ante una sospecha de robo, el establecimiento no puede actuar por cuenta propia ni retener al cliente; su única facultad es poner al presunto infractor a disposición de la autoridad en caso de flagrancia evidente. Los letreros de «reserva de derecho» no están por encima de la ley, y los consumidores pueden negarse educadamente o presentar queja ante PROFECO si la situación se vuelve intimidante.
El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estableció que procede condenar en costas a quien no desahogue pruebas para justificar su acción o excepción en juicios civiles. El vocablo «rinda» del artículo 140, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México debe interpretarse como el desahogo efectivo de pruebas, no solo su ofrecimiento. La norma exige que las partes materialicen la carga probatoria mediante la presentación y valoración de pruebas en juicio; omitir este paso implica no solo el rechazo de las pretensiones, sino también la condena en costas. El criterio subraya que mencionar pruebas sin desahogarlas es insuficiente para evitar la sanción económica, pues el juzgador solo puede valorar pruebas debidamente ejecutadas.
Un reciente criterio del Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito establece que procede el reembolso de gastos médicos cuando el IMSS incurre en un retraso prolongado que vulnera los tiempos máximos de atención fijados en el sistema de triage. En el caso analizado, una persona trabajadora de la CFE fue clasificada con nivel de gravedad “3” y color amarillo, con un tiempo de espera máximo de treinta minutos, pero no fue atendida sino hasta después de dos horas con veintidós minutos. Al acudir a un particular y solicitar el reembolso, el IMSS lo negó argumentando ausencia de negativa expresa. El Tribunal determinó que la deficiencia en el servicio por incumplir los estándares normativos propios actualiza la procedencia del reembolso.