El Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estableció que la negativa de permisos académicos a personas servidoras públicas en situación de vulnerabilidad no puede fundamentarse únicamente en argumentos genéricos como «necesidades del servicio» o conceptos indeterminados equivalentes. En el caso analizado, una policía fue dada de baja de una maestría por negativa de su superior, quien alegó desempeño insuficiente y «necesidades del servicio». El Tribunal destacó que el derecho a la educación superior es esencial para el desarrollo profesional y la superación de vulnerabilidades, por lo que las autoridades deben demostrar con hechos objetivos y razonamiento fundado cómo la ausencia afectaría gravemente el servicio público. La carga de la prueba recae en la institución, que debe justificar específicamente la negativa y descartar soluciones organizativas alternativas.