Impugnación de Sentencias en Materia Mercantil

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Cuando un juez en un juicio mercantil declara incorrectamente que una sentencia es irrecurrible, viola el principio de impugnación. Si la parte afectada, inducida a error por dicha declaración, promuebe un amparo directo, la respuesta judicial es precisa. Un Tribunal Colegiado concede la protección constitucional no para resolver el fondo del asunto, sino para ordenar a la autoridad que prescinda de la declaración de irrecurribilidad. Este efecto restituye al quejoso su derecho a interponer el recurso de apelación correspondiente. El amparo corrige así el error procesal, garantizando que el caso sea revisado en la instancia adecuada, donde se analizarán los conceptos de violación y el fondo de la controversia.

¿Qué pasa con la Sucesión en un matrimonio anulado?

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El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito determinó que, en juicios de nulidad matrimonial en Guerrero, es innecesario reponer el procedimiento para dar intervención a la sucesión del cónyuge fallecido. La declaración de nulidad, por sí sola, no genera perjuicios a los bienes de la sociedad conyugal, ya que solo invalida el vínculo matrimonial sin afectar la titularidad de los bienes comunes. La liquidación patrimonial debe realizarse en una vía incidental posterior, donde se garantizará el derecho de audiencia de la sucesión (artículo 14 constitucional). El tribunal destacó que, incluso si el cónyuge actuó de mala fe, no puede privársele de productos, ganancias o bienes comunes, para respetar los derechos de propiedad y protección familiar. Este criterio evita dilaciones procesales innecesarias.

¿Qué es la confianza legítima?

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Ante la creciente invocación del principio de confianza legítima en litigios administrativos, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ha emitido un criterio esclarecedor: este principio no obliga a las autoridades a resolver todos los casos de la misma manera, ni siquiera cuando existe una mayoría de precedentes en un sentido determinado.

El tribunal analizó el caso de una empresa que, tras recibir un permiso de la CRE por cuatro años, pretendía que se le otorgaran veinticinco años argumentando que esa era la vigencia otorgada en la mayoría de los casos similares. La confianza legítima, conforme a jurisprudencia de la Suprema Corte, protege expectativas generadas por la conducta persistente de la autoridad hacia un particular específico, no por comparación con terceros. Para su configuración, se requiere acreditar una aquiescencia tácita prolongada que haya inducido al particular a ajustar su conducta, no simplemente esperar uniformidad en las decisiones administrativas.

¿Sabías que puedes reclamar devolución de ISR de tu pensión? El salario mínimo ganó vs la UMA

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Un reciente criterio judicial ha definido cómo debe calcularse el ISR de las jubilaciones, generando un debate clave entre el salario mínimo y la UMA. La Ley del ISR establece una exención para las pensiones cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo. Sin embargo, tras una reforma constitucional, la autoridad fiscal comenzó a utilizar la UMA para este cálculo, resultando en un beneficio menor para los pensionados. Ante esta controversia, el Poder Judicial determinó que debe aplicarse la interpretación más favorable al adulto mayor. Esto implica respetar el texto original de la ley y utilizar el salario mínimo para calcular la exención, garantizando así una vejez digna y el principio de legalidad tributaria.

¿Autorización amplia en amparo? Basta tu cédula, no el registro del PJF

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¿Es necesario que la cédula profesional esté registrada en el Sistema Computarizado del Poder Judicial Federal para obtener la autorización en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo? No. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte resolvió que basta con proporcionar en el escrito de autorización los datos que acrediten que la persona es licenciada en derecho, los cuales pueden corroborarse en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP. El sistema interno del PJF es solo una herramienta administrativa para agilizar consultas, pero no constituye un requisito legal adicional. Exigir su registro restringiría injustificadamente el alcance de la autorización y afectaría el derecho de acceso a la justicia.