La eficacia probatoria de las videograbaciones de audiencias penales sin autenticar en un juicio de amparo ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El criterio establece que estos registros digitales sí pueden ser válidos para decidir sobre una suspensión provisional. La condición indispensable es que, al presentarlos, el promovente manifieste bajo protesta de decir verdad que se trata de una copia íntegra e inalterada. Esta postura se apoya en los derechos constitucionales de acceso a la tecnología y a una tutela jurisdiccional efectiva, atendiendo a las dificultades prácticas de obtener pruebas certificadas. A pesar de ello, el juez conserva la facultad de valorar la fiabilidad de la videograbación.

El post detalla un criterio jurisprudencial clave sobre el amparo indirecto cuando se reclaman violaciones a derechos humanos de personas adultas mayores. Se establece que los jueces de distrito deben adoptar un papel activo durante el trámite, superando la pasividad procesal. Esto se ejemplifica con un caso donde un adulto mayor enfermo demandó al ISSSTE por la negativa de insumos médicos. Tras conceder una suspensión, el juzgador ignoró nuevos hechos presentados. El Tribunal Colegiado sostuvo que los jueces están obligados por la Constitución a proteger estos derechos con un enfoque interseccional, considerando la edad y el padecimiento, para ordenar las acciones necesarias que garanticen efectivamente el derecho a la salud y la vida.