¿Despido pese a amparo? La suspensión que evita reincorporación

Un Tribunal Colegiado estableció que una resolución de separación dictada en desacato a una suspensión provisional no activa la prohibición de reincorporación del artículo 123, Apartado B, fracción XIII, constitucional. La autoridad administrativa, tras ignorar la orden judicial que impedía el despido, argumentó que emitida la separación ya aplicaba dicha prohibición. El tribunal aclaró que esta norma solo opera frente a despidos consumados en un procedimiento regular, no ante actos nulos por incumplir una medida cautelar. Así, se fortalece la autoridad del juez de amparo y se garantiza que el incidente por incumplimiento de suspensión cumpla su finalidad efectiva, protegiendo al servidor público de actos irregulares.

Valor de las Fotos en materia fiscal

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito estableció que las fotografías ofrecidas para acreditar la materialidad de operaciones con contribuyentes incluidos en la lista del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación deben estar debidamente certificadas. En un caso concreto, una persona moral perdió un juicio de nulidad al no cumplir este requisito, pues las imágenes carecían de certificación que acreditara lugar, tiempo y circunstancias de su toma. El criterio se fundamenta en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, el cual exige dicha certificación para otorgar valor probatorio a las fotografías. Sin ella, estas pruebas son desestimadas, afectando directamente la posibilidad de demostrar la ejecución real de operaciones en litigios fiscales.

¿Basta datos iniciales para pensión en divorcio?

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito estableció que la pensión alimenticia provisional en el juicio de divorcio puede fijarse como medida cautelar temporal. Su determinación no exige acreditación plena de la necesidad del acreedor ni de la capacidad económica del deudor; basta que existan datos iniciales que razonablemente permitan inferir ambos extremos, conforme a los artículos 182, 187, 188 y 192 del Código Familiar de Sinaloa. La determinación definitiva se analizará en la vía incidental, donde se ofrecerán y desahogarán pruebas. Así, la medida garantiza la subsistencia del excónyuge durante el procedimiento y responde a un juicio de racionalidad, en armonía con el artículo 17.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

¿Puede el amparo evitar la expulsión de un adolescente?

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito estableció que procede la suspensión provisional en amparo indirecto contra la expulsión de un adolescente de secundaria por acumular faltas al reglamento. El Juzgado de Distrito había negado la medida por considerar que se afectaba el interés social, pero el tribunal revocó esa decisión. Argumentó que, lejos de perjudicar a la colectividad, la suspensión protege la dimensión social del derecho a la educación, base de una sociedad democrática. Además, el daño de negarla sería irreparable, pues el estudiante perdería el año escolar sin posibilidad de recuperarlo. Prevalece el interés superior del menor y el derecho fundamental consagrado en el artículo 3° constitucional.

¿Qué hacer si la SRE niega el pasaporte de tu hijo por su madre?

El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito estableció que la negativa de la SRE a iniciar el trámite de pasaporte ordinario para una persona menor de edad, con base en supuestas inconsistencias respecto de la identidad de su madre, constituye una limitación arbitraria a los derechos a la identidad, nacionalidad y libre tránsito. El caso surgió cuando una madre con doble nacionalidad acudió por el pasaporte de sus hijas y la autoridad se negó verbalmente, sin fundamento legal. El tribunal revocó el sobreseimiento y precisó que, si el menor cumple con los requisitos del artículo 18 del Reglamento de Pasaportes, la SRE debe recibir la solicitud; las irregularidades documentales de la progenitora no son atribuibles al hijo, por lo que no justifican restringir sus derechos humanos.