Ante la creciente invocación del principio de confianza legítima en litigios administrativos, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ha emitido un criterio esclarecedor: este principio no obliga a las autoridades a resolver todos los casos de la misma manera, ni siquiera cuando existe una mayoría de precedentes en un sentido determinado.

El tribunal analizó el caso de una empresa que, tras recibir un permiso de la CRE por cuatro años, pretendía que se le otorgaran veinticinco años argumentando que esa era la vigencia otorgada en la mayoría de los casos similares. La confianza legítima, conforme a jurisprudencia de la Suprema Corte, protege expectativas generadas por la conducta persistente de la autoridad hacia un particular específico, no por comparación con terceros. Para su configuración, se requiere acreditar una aquiescencia tácita prolongada que haya inducido al particular a ajustar su conducta, no simplemente esperar uniformidad en las decisiones administrativas.