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¿Puede la escuela negar cuidados médicos?

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El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito estableció que las instituciones educativas públicas están obligadas a prestar sus servicios en un ambiente seguro que atienda las condiciones de salud de los menores. El criterio surge de un amparo promovido por la omisión escolar de cumplir el protocolo médico de un niño con síndrome de Wolff-Parkinson-White. El tribunal resolvió que el interés superior del menor exige medidas reforzadas de protección, por lo que la diligencia estatal debe ser particularmente elevada ante la vulnerabilidad infantil. La salud en el centro escolar es base fundamental para los derechos a la dignidad, integridad y educación, por lo que los padres pueden exigir vía amparo el cumplimiento de los cuidados médicos necesarios durante la jornada escolar.

Perspectiva de género en materia laboral

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Las autoridades juzgadoras tienen la obligación de aplicar la perspectiva de género cuando una trabajadora argumenta haber sufrido acoso laboral en su vertiente vertical descendente. Así lo establece el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que dicha alegación es suficiente para presumir una situación asimétrica de poder y una categoría sospechosa por razón de género. Con fundamento en los artículos 1° y 123 constitucionales, los órganos jurisdiccionales deben reconocer el contexto sociocultural de la mujer, eliminar barreras de desventaja, ordenar pruebas de oficio y cuestionar la neutralidad del derecho aplicable. No se requiere acreditar previamente indicios de discriminación; basta el señalamiento del acoso para activar esta herramienta interpretativa en favor de la igualdad sustantiva.

¿Sobreseimiento indebido? Activa la suplencia de oficio ahora

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El criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito establece que la suplencia de la queja deficiente procede cuando el juzgador de origen decreta el sobreseimiento sin apego al marco jurídico aplicable. El supuesto surge del sobreseimiento dictado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mismo que se impugna vía amparo directo. Con fundamento en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, la suplencia opera ante una violación evidente de la ley, caracterizada por ser clara, patente e indiscutible, que genere indefensión. Dicha violación se actualiza cuando el sobreseimiento niega injustificadamente el acceso a la jurisdicción para dilucidar la legalidad del acto, procediendo incluso si el quejoso no expresó agravios específicos.

¿El dinero de la víctima define su daño moral?

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(afectación a sentimientos, honor, psique), no debe considerarse la situación económica de la víctima, pues ello contraviene el principio de igualdad del artículo 1° constitucional. El dolor no aumenta ni disminuye por los ingresos de la persona. Sin embargo, el artículo 1916 del Código Civil sí permite tomar en cuenta la condición económica de la víctima exclusivamente para reparar las consecuencias patrimoniales derivadas del daño moral, como el costo de terapias psicológicas o lucro cesante. Esta distinción evita discriminación: el sufrimiento se repara sin importar el nivel socioeconómico, mientras que los gastos reales se cuantifican objetivamente.

¿CURP biométrica obligatoria? La Soberanía Digital Personal

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El amparo contra la CURP biométrica ha detonado un debate crucial sobre la soberanía digital personal como derecho humano emergente. Este criterio, sustentado en el principio constitucional de progresividad, busca proteger a las personas del monitoreo biométrico dentro del capitalismo de vigilancia. A diferencia de la autodeterminativa informativa —centrada en la decisión individual sobre datos—, este derecho exige control mínimo sobre infraestructuras tecnológicas y gobernanza digital, equilibrando asimetrías de poder. Impone obligaciones concretas: seguridad robusta, privacidad por diseño, almacenamiento descentralizado, auditorías algorítmicas independientes, vías remediales efectivas y prohibición de comercializar la identidad biológica. Su reconocimiento reconfiguraría la protección de datos en México, sentando un precedente vinculante para las autoridades y los sistemas que operen con biometría.