Ciudad de México

¿Se puede pagar menos Predial en CDMX?

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El Acuerdo de carácter general publicado el 20 de enero de 2021 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México establece subsidios fiscales para el pago del impuesto predial. Tras ser impugnado vía amparo, un Juzgado de Distrito concedió la protección federal para evitar la exclusión de beneficiarios. La jefa de Gobierno recurrió, argumentando que el beneficio debe analizarse bajo el principio de igualdad. Las jurisprudencias 2a./J. 108/2024 y 2a./J. 109/2024 de la SCJN confirman que los subsidios aplican post-cálculo del tributo, por lo que su análisis se rige por el derecho a la igualdad, no por principios tributarios. La diferencia de trato entre propietarios de inmuebles con valor catastral en rangos A-G y otros se justifica al reducir desigualdades sociales y garantizar el derecho a la vivienda, fomentando el cumplimiento fiscal sin violar la igualdad.

Contestación de Demanda reivindicatoria oponiendo la Reconvención

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El modelo presenta una contestación de demanda reivindicatoria con reconvención en materia civil mexicana. El demandado niega las pretensiones del actor, argumentando que opera la prescripción positiva a su favor tras poseer el inmueble por más de 15 años de forma pacífica, pública, continua y de buena fe. Oponen excepciones como falta de derecho del actor y extinción de su propiedad. Paralelamente, ejercen reconvención solicitando se declare su propiedad por usucapión, se cancele el registro del actor y se inscriba el inmueble a su nombre. El caso incluye detalles de colindancias, fundamentos en el Código Civil y procedimientos civiles, buscando una sentencia que reconozca su derecho dominial.

Ruidos, mascotas y obras no autorizadas: ¿Cómo actuar según la Ley de Condominios

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Los conflictos en condominios como ruidos molestos, mascotas no controladas u obras no autorizadas tienen soluciones claras en la Ley de Propiedad en Condominio de la CDMX. El Artículo 21 prohíbe actos que afecten la tranquilidad, seguridad o estructura del edificio. Ante ruidos excesivos, notifica al administrador y acude a la Procuraduría Social, que puede imponer multas hasta 500 UMA. Para mascotas, el reglamento interno puede establecer restricciones, y su dueño responde por daños. Frente a obras ilegales, denuncia ante la delegación territorial para suspenderlas en 10 días, con multas hasta 5,000 UMA. Las vías legales incluyen conciliación en la Procuraduría Social o acciones en asamblea. Actuar con pruebas y mediante canales formales es clave para proteger tus derechos.

La Corrupción en el Sistema Judicial Mexicano

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La corrupción en el sistema judicial mexicano es un problema sistémico que afecta la impartición de justicia y socava la confianza pública. Entre las prácticas más comunes destacan el soborno para manipular sentencias, el nepotismo en la contratación, la venta de plazas y promociones, la manipulación de expedientes, la colusión con el crimen organizado, la extorsión a litigantes, el uso de influencias políticas y la falta de transparencia. Estas acciones comprometen la imparcialidad, eficiencia y ética del sistema, favoreciendo la impunidad y perpetuando desigualdades. Para combatir este fenómeno, es indispensable implementar reformas estructurales que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y la profesionalización de los funcionarios, garantizando un sistema judicial justo y confiable.

El negocio de la abogacía corrupta en México

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El Negocio de la Abogacía Corrupta

Este artículo expone diversas prácticas corruptas de algunos abogados en México, como la manipulación de juicios, sobornos, conflictos de interés y la explotación de trámites migratorios. Además, se plantean recomendaciones para los clientes que buscan protegerse al contratar un abogado, sugiriendo la verificación de credenciales, antecedentes y la firma de contratos claros. También se destacan los riesgos y sanciones a los que pueden enfrentarse los abogados corruptos, tanto en el ámbito legal como profesional. Finalmente, se reflexiona sobre la importancia de implementar medidas de transparencia y ética profesional para fortalecer la confianza en la abogacía mexicana y asegurar que el ejercicio legal vuelva a ser un medio de justicia, no un negocio.