¿Autorización amplia en amparo? Basta tu cédula, no el registro del PJF

¿Basta con la cédula profesional para tener autorización amplia en el amparo? Esto dice la ley

¿Autorización amplia en amparo? La autorización en términos amplios es una figura clave en la práctica del juicio de amparo. Pero surge una pregunta recurrente: ¿es necesario que la cédula profesional esté registrada en el Sistema Computarizado del Poder Judicial de la Federación para que una persona sea reconocida como autorizada en términos amplios conforme al artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo?

Recientemente, dos Tribunales Colegiados de Circuito sostuvieron criterios opuestos. Mientras uno consideró que, si la cédula profesional no aparece registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, la autorización solo produce efectos restringidos; el otro tribunal sostuvo que basta con proporcionar los datos de la cédula profesional y corroborar su autenticidad en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública.

El criterio jurídico

Ante esta contradicción, el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, estableció un criterio claro: no es necesario que la cédula profesional esté registrada en el Sistema Computarizado para que una persona tenga el carácter de autorizada en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.

¿Qué dice exactamente el artículo 12 de la Ley de Amparo?

El artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que la autorización puede conferirse con facultades amplias o limitadas. En materias como civil, mercantil, laboral (tratándose del patrón), administrativa y penal, la persona autorizada debe acreditar que está legalmente facultada para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho.

Para ello, la propia ley establece que basta con que en el escrito respectivo se proporcionen los datos que permitan confirmar dicha acreditación. Es decir, el legislador fue claro: no se exige un trámite adicional ni un registro interno del Poder Judicial.

El Sistema Computarizado

El Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación constituye únicamente un mecanismo interno de consulta ágil de la cédula profesional de los abogados postulantes. Su propósito es disminuir la inversión de tiempo y recursos humanos en búsquedas.

Sin embargo, al tratarse de un instrumento de organización y apoyo administrativo del Poder Judicial de la Federación, su utilización no puede establecer un requisito procesal adicional a los previstos en la Ley de Amparo. Tampoco su falta de cumplimiento puede restringir el alcance de la autorización otorgada.

¿Qué implicaría exigir el registro?

Interpretar lo contrario —es decir, exigir el registro en el sistema como condición para reconocer la autorización amplia— significaría desconocer lo establecido por la norma y contrariar la voluntad de la persona quejosa o tercera interesada que otorgó la autorización.

Además, ello implicaría privar a las personas de su derecho de acceso a la justicia por una exigencia no establecida en la ley, lo cual resulta inadmisible en un Estado constitucional de derecho.

Conoce la Jurisprudencia:

“Registro digital: 2032041

Instancia: Plenos Regionales

Duodécima Época

Materias(s): Común

Tesis: PR.P.T.CN. J/1 K (12a.)

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Tipo: Jurisprudencia

PERSONA AUTORIZADA EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. PARA SU RECONOCIMIENTO BASTA QUE EN EL ESCRITO DONDE SE OTORGA LA AUTORIZACIÓN SE PROPORCIONEN LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si para reconocer a una persona profesional del derecho el carácter de autorizada en términos amplios del artículo referido, es necesario que su cédula profesional esté registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.

Mientras que uno consideró que si no existe ese registro la autorización sólo produce efectos restringidos; el otro sostuvo que basta con proporcionar los datos de la cédula profesional y corroborar en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública que la persona cuenta con patente de licenciado en derecho.

Criterio jurídico: Para que una persona tenga el carácter de autorizada en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, no es necesario que la cédula profesional esté registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.

Justificación: El aludido artículo prevé que la autorización puede conferirse con facultades amplias o limitadas.

Asimismo, señala que en las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada debe acreditar que está legalmente facultada para ejercer la profesión de licenciado o licenciada en derecho, o abogado o abogada, para lo cual basta que en el escrito respectivo se proporcionen los datos que permitan confirmar dicha acreditación.

Interpretar lo contrario significaría desconocer lo establecido por la norma y contrariar la voluntad de la persona quejosa o tercera interesada.

En ese sentido, no es necesario que se cuente con el registro de la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, pues este sólo constituye un mecanismo interno de consulta ágil de la cédula profesional de los abogados postulantes, cuyo propósito es disminuir la inversión de tiempo y recursos humanos en búsquedas.

Por ello, al tratarse de un instrumento de organización y apoyo administrativo del Poder Judicial de la Federación, su utilización no puede establecer un requisito procesal adicional a los previstos en la Ley de Amparo, ni su falta de cumplimiento puede restringir el alcance de la autorización otorgada, porque ello implicaría privar a las personas de su derecho de acceso a la justicia por una exigencia no establecida en la ley.

PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Contradicción de criterios 2/2026. Entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 26 de febrero de 2026. Tres votos de las personas Magistradas Miguel Ernesto Leetch San Pedro, Verónica Alejandra Curiel Sandoval y Angélica Iveth Leyva Guzmán. Ponente: Verónica Alejandra Curiel Sandoval. Secretario: Jaime Gómez Aguilar.

Tesis y/o criterios contendientes:

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver la queja 51/2025, la cual dio origen a la tesis aislada II.3o.P.6 K (11a.), de rubro: «PERSONA AUTORIZADA EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. PARA SU RECONOCIMIENTO BASTA PROPORCIONAR LOS DATOS DE SU CÉDULA PROFESIONAL.», publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de noviembre de 2025 a las 10:39 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Duodécima Época, Libro 3, noviembre de 2025, Tomo IV, Volumen 1, página 381, con número de registro digital: 2031527, y

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 659/2023.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2026 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de abril de 2026, para los efectos previstos en el punto octavo del Acuerdo General Plenario 7/2025 (12a.).”

 

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