Administrativo

El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil resolvió que el artículo 60, apartado A, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, que establece cuotas diferenciadas por el servicio de control vehicular (placas), viola el principio de equidad tributaria. Se determinó que, al ser el servicio prestado (registro y dotación de placas) idéntico para todos los vehículos, no existe justificación para tarifas distintas. Además, no puede invocarse el mayor uso de la infraestructura vial para fundamentar la diferenciación, ya que estos costos generales deben financiarse vía impuestos, no mediante derechos por un servicio específico e igual para todos.

El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa estableció un criterio fundamental: es improcedente sancionar administrativamente a servidores públicos cuando actúan dentro del margen razonable de su libre ejercicio profesional. Esto surgió tras un caso donde una agente del Ministerio Público fue sancionada por su interpretación jurídica al ejercer acción penal, a pesar de que su decisión estaba debidamente fundada. El Tribunal aclaró que este margen protege la discrecionalidad técnica y el criterio propio en la interpretación de normas, siempre que la actuación no sea arbitraria o carezca de motivación. El principio busca evitar que el temor a sanciones paralice el ejercicio profesional independiente y valioso dentro de la función pública.

La acción de nulidad de juicio concluido no procede cuando la legislación no la prevé expresamente, incluso en casos de fraude procesal, según el Pleno de la SCJN (Contradicción de Tesis 26/2003-PL). El fallo establece que la cosa juzgada prevalece, respaldado por el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo (antes de su reforma en 2019), que prohibía impugnar laudos laborales. La SCJN destacó que, al no existir norma expresa, el legislador no quiso admitir esta acción. Los abogados deben actuar durante el juicio ante irregularidades, pues después será tarde. Aunque existen alternativas como el amparo indirecto, no equivalen a una nulidad. Este criterio refuerza la seguridad jurídica y limita impugnaciones extemporáneas.