Criterios

Un Tribunal Colegiado determinó que constituye un acto de imposible reparación la resolución que no acuerda de conformidad la solicitud de la parte actora para sobreseer el incidente que ella misma promovió. En un divorcio incausado, el demandado promovió incidente de reducción de pensión y, tras obtener un fallo favorable en apelación, solicitó el sobreseimiento incidental. Al negarse éste, se le obligó a continuar un procedimiento que ya no deseaba seguir. El Tribunal consideró que dicha negativa afecta derechos sustantivos consagrados en los artículos 17 constitucional y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al vulnerar la voluntad de abdicar el derecho de acción. Por ello, procede el amparo indirecto contra esa determinación.

En la vía de apremio para ejecutar un laudo arbitral, la procedencia del amparo indirecto se rige por reglas específicas. Este procedimiento se equipara a la ejecución de una sentencia firme, por lo que resultan aplicables los lineamientos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Conforme a criterio jurisprudencial, el amparo indirecto procede únicamente contra resoluciones concretas: la que declara el cumplimiento del laudo; la que determina la imposibilidad jurídica o material para ejecutarlo; la que ordena el archivo definitivo; o la que niega la ejecución del laudo. Identificar correctamente estos supuestos resulta determinante para el éxito de la impugnación constitucional.

El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estableció que una persona juzgadora declarada impedida en un juicio carece de legitimación para promover amparo contra dicha resolución. El criterio señala que, al declararse fundada una recusación, se protege el interés de la parte y el principio de imparcialidad del proceso, sin que ello genere por sí mismo una afectación directa a la esfera jurídica personal del juzgador. La afectación alegada es de carácter funcional (su ejercicio jurisdiccional en ese caso concreto), no una lesión a sus derechos humanos como individuo. Por tanto, el juicio de amparo no procede por falta del interés jurídico personal y directo requerido.