Derecho Penal

La Primera Sala de la SCJN estableció el protocolo obligatorio para emplazar a la víctima del delito como tercera interesada en el juicio de amparo. El criterio, que resuelve una contradicción de tribunales, prioriza los derechos constitucionales de la víctima. Ordena que el emplazamiento debe intentarse primero de manera personal y directa con ella, agotando todos los medios para localizarla. Solo si esto resulta imposible, se podrá notificar por conducto de su asesora jurídica, debiendo acreditarse previamente que esta fue designada formalmente en el procedimiento penal. Esta doctrina garantiza el derecho de defensa y acceso a la justicia de la víctima dentro del amparo.

El delito de robo de infante en Puebla no está considerado dentro de los supuestos que ameritan prisión preventiva oficiosa, según un fallo del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. El caso analizado involucró la reclasificación de un delito inicialmente tipificado como secuestro agravado (que sí obliga a prisión preventiva oficiosa) por robo de infante (artículo 304 del Código Penal de Puebla). El Tribunal determinó que este último no es una modalidad de secuestro y, por tanto, no aplica la medida cautelar automática, ya que el artículo 19 constitucional establece un catálogo cerrado de delitos graves. Este criterio refuerza el principio de legalidad, evitando la extensión arbitraria de la prisión preventiva.