Derecho Penal

El artículo 419, fracción IV, del Código Penal de Puebla tipifica como delito que un servidor público ejecute «cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los derechos constitucionales». Sin embargo, un Tribunal Colegiado determinó que esta redacción viola el principio de legalidad penal (taxatividad), por ser demasiado vaga e imprecisa. Según jurisprudencia de la SCJN, las leyes penales deben ser claras para evitar interpretaciones arbitrarias. La norma en cuestión no define qué conductas específicas son punibles, dejando a los servidores públicos sin certeza jurídica. Esta decisión refuerza que el derecho penal exige precisión, protegiendo así los derechos fundamentales y evitando aplicaciones discrecionales. El fallo obliga a una reformulación legislativa para garantizar seguridad jurídica.

En el sistema penal mixto, la falta de ratificación de dictámenes periciales oficiales no justifica retrasar el cierre de instrucción, separación de autos o sentencia una vez vencidos los plazos constitucionales. Un Tribunal Colegiado determinó que negar estas resoluciones por pendientes de ratificación viola el derecho a juicio expedito, debido proceso y seguridad jurídica. Aunque la SCJN exige la ratificación para evitar nulidades, esta debe gestionarse sin dilaciones injustificadas. El Ministerio Público es responsable de asegurarla dentro de los plazos legales, incluso sustituyendo peritos si es necesario. Los jueces no pueden usar este requisito para incumplir términos procesales, pues la justicia penal debe ser eficiente y garantista.