La Negativa al Aborto por Violación como Tortura

La Primera Sala de la SCJN determinó que negar o condicionar el acceso al aborto por violación constituye tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este criterio surgió del caso de una adolescente a quien la Fiscalía de Hidalgo negó la ILE, exigiendo requisitos inconstitucionales como denunciar antes de saber del embarazo. La Corte invalidó estos obstáculos, argumentando que prolongan intencionalmente el sufrimiento físico y mental de la víctima, extendiendo los efectos del delito. El fallo, basado en estándares internacionales de derechos humanos, obliga a todas las autoridades a garantizar el acceso inmediato a la ILE sin requisitos revictimizantes, basándose únicamente en la palabra de la afectada.

Trata de personas sin beneficios preliberacionales

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la prohibición de otorgar beneficios preliberacionales a condenados por el delito de trata de personas no viola los derechos a la reinserción social o el principio de igualdad. El fallo establece que estos beneficios no son un derecho fundamental, sino una facultad legal que el legislador puede restringir para delitos de especial gravedad. La Corte consideró que esta distinción es razonable, dado el impacto profundo de la trata de personas en bienes jurídicos esenciales como la dignidad humana y, particularmente, el interés superior de la niñez. La decisión refuerza el marco de protección a las víctimas y se alinea con los compromisos internacionales de México en la materia.

Protocolo para emplazar a la víctima en el amparo

La Primera Sala de la SCJN estableció el protocolo obligatorio para emplazar a la víctima del delito como tercera interesada en el juicio de amparo. El criterio, que resuelve una contradicción de tribunales, prioriza los derechos constitucionales de la víctima. Ordena que el emplazamiento debe intentarse primero de manera personal y directa con ella, agotando todos los medios para localizarla. Solo si esto resulta imposible, se podrá notificar por conducto de su asesora jurídica, debiendo acreditarse previamente que esta fue designada formalmente en el procedimiento penal. Esta doctrina garantiza el derecho de defensa y acceso a la justicia de la víctima dentro del amparo.

¿Qué es la Transacción?

La transacción es un contrato mediante el cual las partes de un litigio o potencial litigio ponen fin a una controversia mediante concesiones recíprocas. Como acto de autocomposición, evita o termina un proceso judicial, generando efectos de cosa juzgada que impiden futuras demandas por los mismos derechos. Para su validez, requiere capacidad de las partes, consentimiento libre de vicios, un objeto lícito y que verse sobre derechos inciertos. Sus principales ventajas incluyen la celeridad, el ahorro de costos y el control que las partes ejercen sobre el resultado final.

Responsabilidad médica en Puebla

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito determinó que la agravante de responsabilidad técnica (artículos 243 y 244 del Código Penal de Puebla) no aplica a médicos en casos de responsabilidad profesional. El fallo surgió tras un caso donde un médico fue acusado de lesiones culposas por una atención postoperatoria inadecuada. El Tribunal señaló que, al existir un artículo específico (239) para médicos, no cabe aplicar una norma genérica. Esta decisión refuerza el principio de especialidad normativa, evitando dobles regulaciones y garantizando mayor certeza jurídica. El criterio es clave para defensas legales, ya que limita la imputación penal de médicos a lo establecido en su régimen especial, excluyendo agravantes no previstas para su profesión.