Derecho Penal

El recurso innominado del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite impugnar decisiones del Ministerio Público, como el no ejercicio de la acción penal. Un criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito establece que el análisis de sus presupuestos procesales (oportunidad, legitimación, formalidad) no está sujeto al principio de contradicción. Esto significa que el juez debe verificarlos de oficio y con rigor previo a la audiencia, sin depender del debate entre partes. Sujetarlos a contradicción podría invalidar recursos procedentes o admitir improcedentes, desvirtuando el sistema impugnativo. El principio solo aplica al fondo del asunto (fundamentación del recurso). Esta distinción garantiza seguridad jurídica y el cumplimiento de objetivos del proceso penal: esclarecer hechos, proteger al inocente y sancionar culpables.

El Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región estableció que el Ministerio Público no puede abstenerse de investigar hechos denunciados bajo el argumento de que no encuadran en el delito inicialmente señalado. En el caso analizado, una persona denunció posible fraude genérico, pero el MP ordenó el archivo sin realizar diligencias, decisión confirmada por el Juez de Control. El tribunal determinó que, conforme al artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el MP tiene el deber de investigar exhaustivamente los hechos para determinar si configuran la conducta típica denunciada o una diversa. El señalamiento de un delito incorrecto por el denunciante no exime al MP de su obligación de esclarecer los hechos y ejercer su función de investigación.

En el amparo directo, los conceptos de violación que alegan irregularidades en dictámenes periciales médicos son, por regla general, inoperantes si dichas cuestiones no se plantearon durante el desahogo de la prueba en la audiencia de juicio. Así lo determinó el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito al analizar un caso donde un trabajador impugnó una resolución del IMSS que negó una pensión por invalidez. El Tribunal fundamentó su criterio en los artículos 720, 873-H y 825 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, que establecen la preclusión de derechos procesales al concluir las audiencias. Las partes deben ejercer oportunamente su facultad de formular observaciones o preguntas al perito; de lo contrario, los argumentos posteriores sobre anomalías en el dictamen serán declarados inoperantes en el amparo.