Amparo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la información sobre la cantidad total de emisiones de metano generadas por empresas del sector hidrocarburos es de carácter público. Este criterio, establecido en un amparo, fortalece el principio de máxima publicidad y el derecho de acceso a la información, permitiendo a la ciudadanía verificar el cumplimiento de compromisos ambientales. No obstante, la Corte aclaró que los datos técnicos específicos—como procesos industriales, metodologías y ubicación de infraestructura—pueden clasificarse como reservados por seguridad nacional y secreto industrial. El fallo equilibra así la transparencia con la protección de información sensible estratégica.

La Primera Sala de la SCJN estableció que el consentimiento informado en cirugías de afirmación de género requiere un estándar diferenciado y reforzado. Este criterio, surgido de un caso donde una paciente trans alegó falta de información, va más allá del mero cumplimiento de un formato. Exige un proceso comunicativo robusto y personalizado que considere las motivaciones y expectativas del paciente, una mayor diligencia para explicar riesgos generales y específicos, y un umbral expandido de información que incluya alternativas, recuperación y resultados realistas. El objetivo es garantizar una decisión truly autónoma, protegiendo los derechos a la identidad, autonomía y salud, sin constituir una barrera discriminatoria para el acceso a estos procedimientos.

La Segunda Sala de la SCJN estableció que, ante un amparo por internamiento involuntario de una persona con discapacidad en una institución psiquiátrica, el juzgador tiene la obligación inmediata de designarle un representante especial del Instituto Federal de Defensoría Pública. Este mecanismo de protección procesal garantiza que, a través de un sistema de apoyos, se defiendan sus derechos y se facilite la expresión genuina de su voluntad, especialmente cuando su situación de aislamiento le impide participar directamente en el juicio. La designación es urgente y oficiosa, pero la persona conserva el derecho de revocarla una vez que conozca el proceso y decida designar a otro representante.