La Primera Sala de la SCJN declaró inconstitucional la sanción de suspensión profesional para el personal de salud que practique un aborto voluntario. Este criterio, surgido de un amparo promovido por una asociación civil, determina que dicha pena es discriminatoria y estigmatiza la labor médica, alineándola con un modelo específico de valores. La Corte fundamentó que esta sanción genera un efecto inhibidor que viola los derechos de las mujeres a acceder a servicios de salud disponibles y de calidad. La decisión obliga al Estado a evitar la criminalización del personal de salud, removiendo un obstáculo crucial para el ejercicio efectivo de los derechos reproductivos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la información sobre la cantidad total de emisiones de metano generadas por empresas del sector hidrocarburos es de carácter público. Este criterio, establecido en un amparo, fortalece el principio de máxima publicidad y el derecho de acceso a la información, permitiendo a la ciudadanía verificar el cumplimiento de compromisos ambientales. No obstante, la Corte aclaró que los datos técnicos específicos—como procesos industriales, metodologías y ubicación de infraestructura—pueden clasificarse como reservados por seguridad nacional y secreto industrial. El fallo equilibra así la transparencia con la protección de información sensible estratégica.