El Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que la negativa reiterada de conceder audiencia para alegatos verbales en amparo no implica necesariamente un riesgo objetivo de pérdida de imparcialidad judicial, siempre que esté fundamentada en una política judicial válida. Esta política busca armonizar el derecho a alegar con la eficiente administración de justicia, evitando que su ejercicio desmedido entorpezca los procedimientos. El tribunal destacó la interdependencia entre el derecho al debido proceso y la imparcialidad, obligando a modular el ejercicio de alegatos para garantizar igualdad y gestión procesal adecuada. La restricción no anula el derecho, sino que lo reencamina hacia momentos idóneos, protegiendo así la integridad del proceso y los derechos de todas las partes.

El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito determinó que procede el juicio de amparo directo contra sentencias de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando resuelven sobre derechos laborales de personas trabajadoras del INE. El criterio se fundamenta en que dichas controversias no pertenecen, en estricto sentido, a la materia electoral, sino laboral. El análisis se basa en el artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuya causal de improcedencia solo aplica a actos electorales. Se invoca la jurisprudencia P./J. 10/2019, que distingue entre materias electoral y laboral, y se declara inaplicable jurisprudencia previa contraria. La decisión garantiza el acceso a la justicia laboral, al no existir recurso ordinario contra las sentencias del Tribunal Electoral en estos casos.