Análisis

El Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito determinó que la demanda de amparo indirecto contra el corte del suministro de agua potable puede presentarse en cualquier momento, sin limitarse al plazo de 15 días del artículo 17 de la Ley de Amparo. La SCJN ha reconocido que el derecho humano al agua (artículo 4° constitucional) es esencial para una vida digna y que su violación persiste mientras el servicio no se restablezca. Este criterio, respaldado por estándares internacionales como la Observación General No. 15 de la ONU, aplica el principio pro actione para garantizar acceso efectivo a la justicia. Así, el amparo sigue siendo viable mientras dure la suspensión del agua, protegiendo a los afectados contra cortes arbitrarios.

Los contratos de crédito refaccionario celebrados con instituciones financieras son, por regla general, contratos de adhesión, según lo establecido por la Primera Sala de la SCJN. Esto implica que deben analizarse bajo el régimen de protección al consumidor del artículo 28 constitucional, el cual busca garantizar equidad, transparencia y seguridad jurídica. En un caso reciente, la Corte determinó que estos contratos, al ser redactados unilateralmente por los bancos, pueden contener cláusulas abusivas o desproporcionadas, por lo que los tribunales deben verificar su justicia y claridad. Este criterio refuerza los derechos de los acreditados, obligando a las instituciones financieras a evitar condiciones injustas y garantizar el derecho a la información de los usuarios.