Derecho Civil

Daños Punitivos Prohibidos en CDMX

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El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito determinó que los daños punitivos no proceden en indemnizaciones por responsabilidad civil bajo el Código Civil de la Ciudad de México. Estos daños, de origen anglosajón, buscan castigar conductas gravemente reprochables y disuadir futuras infracciones, pero no están regulados en la legislación civil local. El artículo 1915 del Código Civil establece una función exclusivamente indenmizatoria , limitándose a restablecer el patrimonio afectado mediante el pago de daños (menoscabo patrimonial) y perjuicios (ganancias lícitas no obtenidas). Incluir daños punitivos violaría el principio de legalidad , pues la ley no define sus presupuestos ni parámetros de aplicación, generando arbitrariedad. La reparación civil en la CDMX es, por tanto, estrictamente compensatoria, no sancionatoria.

Convenio y Cosa Juzgada

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En un juicio civil, cuando las partes celebran un convenio para poner fin a la litis y el juez lo aprueba, este adquiere la categoría de cosa juzgada, volviéndose inmutable. Conforme al criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, es improcedente el recurso de apelación contra dicha resolución aprobatoria. El fundamento es que el convenio, al ser elevado a cosa juzgada, adquiere la misma autoridad y eficacia de una sentencia ejecutoriada. Permitir su impugnación a través de un recurso menoscabaría la esencia de esta institución, diseñada para otorgar certeza jurídica y finalidad a los acuerdos que ponen fin a los conflictos, conforme al artículo 223 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla.

Caducidad en Juicio de Laudo Arbitral

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La caducidad de la instancia es aplicable al juicio especial de reconocimiento y ejecución de laudo arbitral. Un Tribunal Colegiado de Circuito así lo estableció al resolver que, ante la laguna legislativa en el capítulo específico del Código de Comercio, deben aplicarse las reglas generales del artículo 1076. Esta sanción procesal procede para evitar procedimientos perpetuos y garantizar los principios de seguridad jurídica y justicia pronta y expedita consagrados en la Constitución. El tribunal destacó que la ley especial no prohíbe expresamente la caducidad y que esta figura es compatible con la preclusión, ya contemplada en el juicio, reafirmando que la carga del impulso procesal corresponde a las partes.

Aviso de Desahucio por Vencimiento de Plazo

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Este modelo corrige un «aviso de jurisdicción voluntaria» —improcedente para este caso— y lo convierte en una demanda de desahucio contencioso por vencimiento del contrato de arrendamiento. Incluye requisitos esenciales: identificación de partes, domicilio, contrato adjunto, fecha de vencimiento, requerimiento previo de desocupación, y fundamento en los artículos 2398 y 2483 del Código Civil, y 893 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Ofrece pruebas idóneas (documental pública, testimonial, inspección judicial) y peticiones concretas: traslado al demandado, plazo para desocupar bajo apercibimiento de lanzamiento, y condena a restitución del inmueble, rentas vencidas y costas. Es un formato técnico, ajustado a la ley, para recuperar la posesión legal del inmueble.

Perspectiva de género en violencia juvenil

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La violencia en el noviazgo adolescente exige que órganos jurisdiccionales y administrativos identifiquen y prevengan sus manifestaciones para proteger derechos humanos. En un caso analizado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, una estudiante de la UNAM denunció actos de violencia de género por un compañero. Tras un procedimiento con garantías de audiencia, se impuso una suspensión de seis meses al agresor por violencia psicológica, confirmada judicialmente. El criterio subraya que este fenómeno sigue un patrón cíclico (tensión, agresión, reconciliación) que agrava la vulnerabilidad de la víctima. Datos de la Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo revelan alta prevalencia de violencia psicológica, sexual y física, normalizada por estereotipos de género. Las autoridades deben implementar prevención, capacitación y sanciones proporcionales para evitar su escalada.