Jurisdicción Voluntaria: Cómo la declaratoria de concubinato afecta los derechos del concubino no emplazado En materia de jurisdicción voluntaria, un tema de especial relevancia es el de la declaratoria de existencia de concubinato, ya que, aunque este procedimiento no tiene por objeto reconocer derechos sustantivos, sus efectos pueden impactar significativamente el interés jurídico del concubino no emplazado, especialmente … Leer más
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito determinó que no se actualiza la litispendencia entre una solicitud de suspensión de ejecución y un juicio contencioso administrativo, pues la primera es una medida cautelar (no un medio de impugnación). En el caso analizado, una sociedad solicitó la suspensión de un crédito fiscal y luego promovió un juicio, pero la Sala Regional sobreseyó argumentando litispendencia. El Tribunal aclaró que la suspensión, regulada en el artículo 38 del Código Financiero del Estado de México, solo busca detener el cobro, mientras que el juicio busca anular el acto. Al no versar sobre «la misma materia», no hay litispendencia, evitando así la improcedencia del juicio.
El delito de abuso de autoridad contra subalterno, sancionado con 8 a 12 años de prisión según el artículo 339, párrafo segundo, fracción II, del Código Penal del Estado de México, fue analizado por la SCJN para determinar su proporcionalidad. La Primera Sala concluyó que la pena no viola el principio de proporcionalidad de las penas (artículo 22 constitucional), ya que es similar a las impuestas por otros delitos de corrupción que protegen el correcto funcionamiento de la administración pública. Este fallo refuerza la lucha anticorrupción y armoniza con el Sistema Nacional Anticorrupción, destacando la importancia de sancionar con rigor los actos de abuso de autoridad para garantizar la integridad en el servicio público.
La recusación es un mecanismo jurídico que garantiza el derecho a una justicia imparcial. Recientemente, la Segunda Sala de la SCJN resolvió un conflicto de criterios entre un Pleno Regional y un Tribunal Colegiado de Circuito, estableciendo que la calificación de los requisitos de procedibilidad de una recusación debe ser realizada por un órgano diverso al recusado. Este criterio, basado en los artículos 51, 57, 59 y 60 de la Ley de Amparo, refuerza la imparcialidad al evitar que el órgano recusado evalúe su propia inhibición. La decisión asegura que las recusaciones sean tramitadas de manera objetiva, garantizando el acceso a la justicia y la seguridad jurídica. Este fallo es un precedente clave para abogados y órganos jurisdiccionales en México.
El interés jurídico en el juicio contencioso administrativo es esencial para impugnar actos administrativos que afectan derechos e intereses. En un caso reciente, un coproprietario de un inmueble impugnó la autorización para operar una parte del mismo como recinto fiscalizado, argumentando que no dio su consentimiento para el contrato de arrendamiento. El Tribunal Colegiado de Circuito determinó que para que la subdivisión de un inmueble en copropiedad sea válida, se requiere el permiso de las autoridades y que se eleve a escritura pública. Si no se cumple con estos requisitos, el coproprietario tiene interés jurídico para impugnar la autorización.