Criterios

Competencia para calificar el cumplimiento de una ejecutoria de amparo directo: ¿Quién tiene la última palabra?

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El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur resolvió que corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito que emitió la ejecutoria de amparo directo calificar su cumplimiento, incluso si la autoridad responsable original es sustituida por otra en una jurisdicción distinta. Esta decisión, basada en la jurisprudencia PR.P.T.CS. J/1 K (11a.), busca evitar decisiones contradictorias y aprovechar el conocimiento previo del caso. Además, garantiza la protección de derechos fundamentales establecidos en el artículo 17 constitucional y promueve una justicia expedita. Con fundamento en los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, esta competencia asegura la unidad y coherencia en los procedimientos derivados de un mismo juicio de origen.

Amparo Indirecto contra la Omisión Legislativa

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El juicio de amparo indirecto contra la omisión legislativa inconvencional del Congreso de la Unión en materia de plásticos de un solo uso derivados del PET y el unicel fue resuelto por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. El Tribunal determinó que el Congreso incumplió su obligación de adecuar la legislación interna a los tratados internacionales que buscan proteger el medio ambiente y la salud pública. La sentencia ordena al Congreso iniciar acciones legislativas para regular estos materiales e informar periódicamente a las asociaciones civiles quejosas. Este fallo sienta un precedente en el control de convencionalidad y refuerza la importancia del litigio estratégico en la defensa de derechos colectivos.

Programa Sembrando Vida, referencias geográficas y privacidad de datos personales

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las coordenadas geográficas de las parcelas apoyadas por el Programa Sembrando Vida no constituyen datos personales ni información confidencial, ya que no identifican ni hacen identificables a los beneficiarios. Estas referencias están vinculadas únicamente con los terrenos financiados y tienen carácter público conforme a la Ley General de Transparencia. Este criterio refuerza la rendición de cuentas y protege la privacidad al definir los límites entre datos personales e información pública. Además, garantiza a los beneficiarios que sus domicilios no serán expuestos, al tiempo que promueve prácticas transparentes en el uso de recursos públicos. Este precedente legal es clave para la operación de programas sociales en México.

La Reparación Integral del Daño es incompatible con la existencia de topes a tarifas

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La reparación integral del daño es un derecho fundamental que busca compensar adecuadamente a las víctimas de delitos, garantizando que la indemnización sea justa y proporcional a las particularidades de cada caso. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional el artículo 1995 del Código Civil para el Estado de Puebla, que establece un límite máximo de mil días de salario mínimo para la cuantificación del daño moral. Esta restricción impide que las decisiones judiciales reflejen la gravedad del daño sufrido y vulnera el derecho de las víctimas a recibir una compensación integral, efectiva y ajustada a sus necesidades, asegurando así una vida digna tras el delito.

Constitucionalidad de las relaciones poliamorosas (Legislación del Estado de Puebla)

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los artículos 294 y 297 del Código Civil de Puebla, que definen al matrimonio y al concubinato como uniones entre dos personas, son constitucionales. Aunque estas disposiciones excluyen a las relaciones poliamorosas, la Corte determinó que esta distinción no constituye discriminación, ya que las relaciones poliamorosas poseen características y necesidades legales distintas a las monogámicas. Regularlas bajo las mismas normas afectaría su operatividad. No obstante, la Corte reconoció que el derecho a formar una familia incluye diversas formas de organización social, no limitándose al matrimonio o concubinato. Este fallo reafirma la protección constitucional para todos los modelos familiares, respetando las particularidades de cada uno.