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La reparación del daño en el procedimiento penal es un derecho fundamental de las víctimas, reconocido en la Constitución Mexicana (Art. 20-C) y tratados internacionales. Busca compensar los perjuicios materiales (pérdidas económicas, gastos médicos) y morales (daño emocional, afectación a la dignidad) causados por un delito. Su fundamento legal incluye el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas. Para exigirla, deben acreditarse el delito, la relación causal y la responsabilidad del imputado. La reparación puede ser material (indemnización, restitución) o moral (rehabilitación, disculpas públicas). El proceso inicia con una solicitud judicial, seguida de pruebas y una sentencia que fija el monto. Medidas como embargos garantizan su cumplimiento.

La acción penal es el derecho exclusivo del Estado, ejercido por el Ministerio Público, para perseguir delitos y solicitar penas o medidas de seguridad. Su fundamento está en el artículo 21 constitucional y se rige por la teoría pública, garantizando imparcialidad. Entre sus características destacan ser pública, indivisible, irrenunciable e indelegable. Para su ejercicio, deben cumplirse condiciones como la existencia de un hecho típico, probable responsabilidad y ausencia de prescripción. A diferencia de la pretensión punitiva (que busca la imposición concreta de la pena), la acción penal inicia el proceso. Este mecanismo es esencial en el sistema jurídico mexicano, asegurando que los delitos no queden impunes y protegiendo el orden social.
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