Análisis

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito determinó que no se actualiza la litispendencia entre una solicitud de suspensión de ejecución y un juicio contencioso administrativo, pues la primera es una medida cautelar (no un medio de impugnación). En el caso analizado, una sociedad solicitó la suspensión de un crédito fiscal y luego promovió un juicio, pero la Sala Regional sobreseyó argumentando litispendencia. El Tribunal aclaró que la suspensión, regulada en el artículo 38 del Código Financiero del Estado de México, solo busca detener el cobro, mientras que el juicio busca anular el acto. Al no versar sobre «la misma materia», no hay litispendencia, evitando así la improcedencia del juicio.

La recusación es un mecanismo jurídico que garantiza el derecho a una justicia imparcial. Recientemente, la Segunda Sala de la SCJN resolvió un conflicto de criterios entre un Pleno Regional y un Tribunal Colegiado de Circuito, estableciendo que la calificación de los requisitos de procedibilidad de una recusación debe ser realizada por un órgano diverso al recusado. Este criterio, basado en los artículos 51, 57, 59 y 60 de la Ley de Amparo, refuerza la imparcialidad al evitar que el órgano recusado evalúe su propia inhibición. La decisión asegura que las recusaciones sean tramitadas de manera objetiva, garantizando el acceso a la justicia y la seguridad jurídica. Este fallo es un precedente clave para abogados y órganos jurisdiccionales en México.