Dictámenes periciales y plazos legales

En el sistema penal mixto, la falta de ratificación de dictámenes periciales oficiales no justifica retrasar el cierre de instrucción, separación de autos o sentencia una vez vencidos los plazos constitucionales. Un Tribunal Colegiado determinó que negar estas resoluciones por pendientes de ratificación viola el derecho a juicio expedito, debido proceso y seguridad jurídica. Aunque la SCJN exige la ratificación para evitar nulidades, esta debe gestionarse sin dilaciones injustificadas. El Ministerio Público es responsable de asegurarla dentro de los plazos legales, incluso sustituyendo peritos si es necesario. Los jueces no pueden usar este requisito para incumplir términos procesales, pues la justicia penal debe ser eficiente y garantista.

Cosa juzgada y apellidos de menores

Cosa juzgada y orden de apellidos de menores: ¿Cuándo aplica? La SCJN exige garantizar el derecho de participación del niño en estos procesos; Cosa juzgada en cambios de apellidos: La SCJN aclara que no aplica si no se escuchó al menor. Conoce el criterio clave; Derecho al nombre e identidad: ¿Puede modificarse el orden de apellidos después de una sentencia firme? Te lo explicamos; Interés superior del menor vs. cosa juzgada: Analizamos el caso donde la SCJN priorizó la participación infantil en procesos de apellidos.

Crédito refaccionario y protección

Los contratos de crédito refaccionario celebrados con instituciones financieras son, por regla general, contratos de adhesión, según lo establecido por la Primera Sala de la SCJN. Esto implica que deben analizarse bajo el régimen de protección al consumidor del artículo 28 constitucional, el cual busca garantizar equidad, transparencia y seguridad jurídica. En un caso reciente, la Corte determinó que estos contratos, al ser redactados unilateralmente por los bancos, pueden contener cláusulas abusivas o desproporcionadas, por lo que los tribunales deben verificar su justicia y claridad. Este criterio refuerza los derechos de los acreditados, obligando a las instituciones financieras a evitar condiciones injustas y garantizar el derecho a la información de los usuarios.

Daño moral en seguros médicos

El incumplimiento injustificado de un contrato de seguro por parte de una aseguradora, especialmente ante padecimientos graves como el cáncer, puede generar daño moral cuando la negativa de pago va acompañada de trámites innecesarios que vulneran la intimidad del asegurado. En un caso analizado por la Primera Sala de la Suprema Corte, una mujer con cáncer cérvico-uterino fue sometida a múltiples exámenes médicos a pesar de que su póliza excluía la cobertura, agravando su angustia. El Tribunal determinó que, aunque las aseguradoras tienen derecho a verificar reclamos, exigir procedimientos intrusivos sin justificación puede configurar un daño moral indemnizable. Este criterio refuerza la protección al asegurado frente a prácticas abusivas y la importancia de la transparencia contractual.

Prueba testimonial en juicios laborales

En el procedimiento laboral mexicano, la prueba testimonial es esencial para acreditar hechos, pero ¿qué pasa si el trabajador omite en su demanda los hechos que busca probar? La Segunda Sala de la SCJN resolvió que el juez debe prevenir al actor para subsanar la omisión, no desechar la prueba. Este criterio, basado en los artículos 776, 872 y 873 de la LFT, evita negar justicia por errores formales y garantiza el derecho a la defensa. Los Tribunales Colegiados tenían posturas divididas, pero la SCJN unificó la interpretación: el juez laboral debe actuar como facilitador, corrigiendo irregularidades sin sacrificar el fondo del caso. Así, se protege al trabajador y se refuerza la tutela judicial efectiva.