Análisis

El incumplimiento injustificado de un contrato de seguro por parte de una aseguradora, especialmente ante padecimientos graves como el cáncer, puede generar daño moral cuando la negativa de pago va acompañada de trámites innecesarios que vulneran la intimidad del asegurado. En un caso analizado por la Primera Sala de la Suprema Corte, una mujer con cáncer cérvico-uterino fue sometida a múltiples exámenes médicos a pesar de que su póliza excluía la cobertura, agravando su angustia. El Tribunal determinó que, aunque las aseguradoras tienen derecho a verificar reclamos, exigir procedimientos intrusivos sin justificación puede configurar un daño moral indemnizable. Este criterio refuerza la protección al asegurado frente a prácticas abusivas y la importancia de la transparencia contractual.

La prueba confesional por posiciones en amparo indirecto es inadmisible conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo , según confirmó un Tribunal Colegiado , alineándose con la tesis 2a. XXXVII/2015 de la SCJN . Esta prohibición se fundamenta en principios como igualdad procesal, idoneidad probatoria y excepcionalidad del juicio de amparo . La confesión judicial provocada resulta improcedente porque los hechos reclamados suelen constar en documentos públicos , y exigir declaraciones precisas a autoridades o partes sería irrazonable. Además, el amparo no es un medio para sustanciar pruebas nuevas, sino un control constitucional sobre actos de autoridad. Así, la exclusión de esta prueba garantiza equidad y eficacia en el proceso, evitando desbalances entre las partes.

La Primera Sala de la SCJN determinó que, en compras por Internet, la simple publicación de políticas de compra y entrega en un sitio web no implica que el consumidor las haya aceptado. Para que sean vinculantes, debe acreditarse que el usuario tuvo oportunidad de conocerlas al momento de la transacción. Esto se basa en el Código Civil Federal (consentimiento informado) y la Ley de Protección al Consumidor (cláusulas visibles en contratos de adhesión). En el caso analizado, una empresa negó la entrega de boletos por un cargo no cobrado, pero la Corte falló a favor del comprador al no probarse que conocía el requisito. El criterio obliga a empresas a garantizar visibilidad de condiciones antes del pago, protegiendo los derechos de los usuarios.