Análisis

La Segunda Sala de la SCJN estableció que, ante un amparo por internamiento involuntario de una persona con discapacidad en una institución psiquiátrica, el juzgador tiene la obligación inmediata de designarle un representante especial del Instituto Federal de Defensoría Pública. Este mecanismo de protección procesal garantiza que, a través de un sistema de apoyos, se defiendan sus derechos y se facilite la expresión genuina de su voluntad, especialmente cuando su situación de aislamiento le impide participar directamente en el juicio. La designación es urgente y oficiosa, pero la persona conserva el derecho de revocarla una vez que conozca el proceso y decida designar a otro representante.

El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil confirmó la constitucionalidad del artículo 82, segundo párrafo, de la Ley sobre el Contrato de Seguro, que establece que el plazo para ejercer la acción de cumplimiento por parte de terceros beneficiarios inicia cuando conocen su derecho. El caso analizado involucró una aseguradora que alegó prescripción, pero el Tribunal determinó que, en seguros de responsabilidad civil, el tercero afectado (beneficiario) suele ignorar su derecho, por lo que el cómputo del plazo debe comenzar al tener conocimiento del siniestro y su calidad de beneficiario. Esta regla evita que pierdan su reclamo por desconocimiento y no viola los principios de igualdad ni legalidad, pues el beneficiario debe probar su falta de conocimiento si la aseguradora lo disputa.