Amparo

La negativa ficta es un principio jurídico que se activa cuando una autoridad administrativa no responde a una solicitud en un plazo de tres meses, interpretándose como un «no» implícito. Este mecanismo, según el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se configura al presentar la solicitud ante la autoridad competente, sin que sea necesario que la entrega sea personal. Un caso reciente destacó que el requerimiento de pago presentado ante una autoridad judicial no constituía negativa ficta, pero un criterio judicial afirmó que se permite el uso de medios alternativos para presentar la solicitud. Este derecho protege a los solicitantes ante la inacción administrativa, garantizando una respuesta oportuna.

La Primera Sala de la SCJN determinó que el artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece reglas para la notificación electrónica, no viola el derecho a una tutela judicial efectiva y acceso a la justicia. Aunque la notificación electrónica surte efectos el día de la consulta, a diferencia de la personal que surte efectos al día siguiente, esta distinción no genera desigualdad procesal, ya que la vía electrónica es opcional. Las partes que eligen este método asumen sus ventajas y obligaciones, como consultar diariamente el sistema. La SCJN destacó que esta modalidad facilita el acceso a la justicia y refleja el uso de tecnologías para agilizar los procesos judiciales.

El principio de progresividad de los derechos humanos exige que el Estado avance en la protección de estos derechos, estableciendo un nivel mínimo de protección que no puede ser regresivo. La prohibición de regresividad impide que los actos legislativos limiten el alcance de derechos previamente reconocidos. A través de un juicio de amparo indirecto, se analizó la derogación de la Ley Federal de Cinematografía y la extinción del FIDECINE, argumentando que representaba una violación al principio de no regresividad. Para evaluar esta violación, se deben considerar el nivel de protección anterior, los cambios realizados y sus efectos. La regresión sólo puede justificarse si las autoridades demuestran esfuerzos suficientes para satisfacer el derecho en cuestión.