Amparo

La Reparación Integral del Daño es incompatible con la existencia de topes a tarifas

por

La reparación integral del daño es un derecho fundamental que busca compensar adecuadamente a las víctimas de delitos, garantizando que la indemnización sea justa y proporcional a las particularidades de cada caso. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional el artículo 1995 del Código Civil para el Estado de Puebla, que establece un límite máximo de mil días de salario mínimo para la cuantificación del daño moral. Esta restricción impide que las decisiones judiciales reflejen la gravedad del daño sufrido y vulnera el derecho de las víctimas a recibir una compensación integral, efectiva y ajustada a sus necesidades, asegurando así una vida digna tras el delito.

Constitucionalidad de las relaciones poliamorosas (Legislación del Estado de Puebla)

por

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los artículos 294 y 297 del Código Civil de Puebla, que definen al matrimonio y al concubinato como uniones entre dos personas, son constitucionales. Aunque estas disposiciones excluyen a las relaciones poliamorosas, la Corte determinó que esta distinción no constituye discriminación, ya que las relaciones poliamorosas poseen características y necesidades legales distintas a las monogámicas. Regularlas bajo las mismas normas afectaría su operatividad. No obstante, la Corte reconoció que el derecho a formar una familia incluye diversas formas de organización social, no limitándose al matrimonio o concubinato. Este fallo reafirma la protección constitucional para todos los modelos familiares, respetando las particularidades de cada uno.

Violación al Principio de Contradicción por fallas técnicas en audiencias por videoconferencia

por

El principio de contradicción, esencial en el proceso penal acusatorio, garantiza la igualdad procesal entre las partes al permitir la exposición clara y lógica de sus argumentos. Un Tribunal Colegiado del Noveno Circuito resolvió que este principio se vulnera cuando, durante una audiencia por videoconferencia, fallas técnicas impiden escuchar a alguno de los intervinientes. En tales casos, se debe reponer la diligencia para asegurar un juicio justo y equitativo. Este criterio subraya la importancia de contar con infraestructura tecnológica confiable en las audiencias virtuales, destacando la responsabilidad de las autoridades judiciales para garantizar procesos efectivos que respeten los derechos fundamentales de las partes, fortaleciendo así la confianza en los métodos digitales del sistema penal mexicano.

Amparo contra el levantamiento del velo corporativo

por

El modelo presentado es un escrito de demanda de amparo indirecto promovido por una sociedad mercantil (quejosa) contra actos de autoridad que afectaron sus derechos. La quejosa alega que se decretó el levantamiento del velo corporativo y se impusieron medidas cautelares (inmovilización de cuentas y suspensión de pagos) sin ser parte en el procedimiento de origen, violando su derecho al debido proceso, seguridad jurídica y libertad de comercio (artículos 14, 16 y 5 constitucionales). Se solicita la protección de la justicia federal, la suspensión del acto reclamado y la suplencia de la queja por afectación a derechos fundamentales. El escrito destaca la importancia de fundamentar medidas excepcionales como el levantamiento del velo corporativo.

Amparo Adhesivo: Análisis Prioritario de los Conceptos de Violación que Determinen el Estudio de Fondo

por

El amparo adhesivo es un recurso clave en el sistema jurídico mexicano, utilizado para combatir argumentos que desestiman excepciones capaces de destruir una acción principal o reconvencional. Según el artículo 189 de la Ley de Amparo, los conceptos de violación planteados en este recurso deben analizarse de manera prioritaria cuando su resolución determina si existe materia para estudiar el fondo de la acción. Este enfoque, avalado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, garantiza un proceso justo al asegurar que los tribunales cuenten con los elementos necesarios para resolver correctamente. Este mecanismo procesal refuerza el acceso a la justicia y establece un precedente significativo para la interpretación de la Ley de Amparo.