Amparo

Responsabilidad médica en Puebla

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El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito determinó que la agravante de responsabilidad técnica (artículos 243 y 244 del Código Penal de Puebla) no aplica a médicos en casos de responsabilidad profesional. El fallo surgió tras un caso donde un médico fue acusado de lesiones culposas por una atención postoperatoria inadecuada. El Tribunal señaló que, al existir un artículo específico (239) para médicos, no cabe aplicar una norma genérica. Esta decisión refuerza el principio de especialidad normativa, evitando dobles regulaciones y garantizando mayor certeza jurídica. El criterio es clave para defensas legales, ya que limita la imputación penal de médicos a lo establecido en su régimen especial, excluyendo agravantes no previstas para su profesión.

Prisión preventiva y robo de infante

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El delito de robo de infante en Puebla no está considerado dentro de los supuestos que ameritan prisión preventiva oficiosa, según un fallo del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. El caso analizado involucró la reclasificación de un delito inicialmente tipificado como secuestro agravado (que sí obliga a prisión preventiva oficiosa) por robo de infante (artículo 304 del Código Penal de Puebla). El Tribunal determinó que este último no es una modalidad de secuestro y, por tanto, no aplica la medida cautelar automática, ya que el artículo 19 constitucional establece un catálogo cerrado de delitos graves. Este criterio refuerza el principio de legalidad, evitando la extensión arbitraria de la prisión preventiva.

Individualización de sanciones en MX

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El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito determinó que, aunque la víctima de un delito puede promover amparo directo contra una sentencia definitiva, su derecho a impugnar el quantum de la pena es limitado. Solo procede cuando hay: 1) error en la aplicación de la ley penal, 2) cálculo incorrecto de los marcos de punibilidad, o 3) valoración equivocada de factores benéficos. Fuera de estos supuestos, la individualización de sanciones es facultad exclusiva del juez, conforme al artículo 21 constitucional. Este criterio aclara que, si bien las víctimas tienen derechos procesales, no pueden exigir una pena específica basada en expectativas personales, sino solo impugnar aspectos formales o legales.

Abuso de autoridad y legalidad penal

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El artículo 419, fracción IV, del Código Penal de Puebla tipifica como delito que un servidor público ejecute «cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los derechos constitucionales». Sin embargo, un Tribunal Colegiado determinó que esta redacción viola el principio de legalidad penal (taxatividad), por ser demasiado vaga e imprecisa. Según jurisprudencia de la SCJN, las leyes penales deben ser claras para evitar interpretaciones arbitrarias. La norma en cuestión no define qué conductas específicas son punibles, dejando a los servidores públicos sin certeza jurídica. Esta decisión refuerza que el derecho penal exige precisión, protegiendo así los derechos fundamentales y evitando aplicaciones discrecionales. El fallo obliga a una reformulación legislativa para garantizar seguridad jurídica.

Nulidad de juicios concluidos

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La acción de nulidad de juicio concluido no procede cuando la legislación no la prevé expresamente, incluso en casos de fraude procesal, según el Pleno de la SCJN (Contradicción de Tesis 26/2003-PL). El fallo establece que la cosa juzgada prevalece, respaldado por el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo (antes de su reforma en 2019), que prohibía impugnar laudos laborales. La SCJN destacó que, al no existir norma expresa, el legislador no quiso admitir esta acción. Los abogados deben actuar durante el juicio ante irregularidades, pues después será tarde. Aunque existen alternativas como el amparo indirecto, no equivalen a una nulidad. Este criterio refuerza la seguridad jurídica y limita impugnaciones extemporáneas.