Amparo

Audiencias Penales sin Autenticar para una Suspensión Provisional

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La eficacia probatoria de las videograbaciones de audiencias penales sin autenticar en un juicio de amparo ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El criterio establece que estos registros digitales sí pueden ser válidos para decidir sobre una suspensión provisional. La condición indispensable es que, al presentarlos, el promovente manifieste bajo protesta de decir verdad que se trata de una copia íntegra e inalterada. Esta postura se apoya en los derechos constitucionales de acceso a la tecnología y a una tutela jurisdiccional efectiva, atendiendo a las dificultades prácticas de obtener pruebas certificadas. A pesar de ello, el juez conserva la facultad de valorar la fiabilidad de la videograbación.

Amparo Indirecto y Derechos de Adultos Mayores

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El post detalla un criterio jurisprudencial clave sobre el amparo indirecto cuando se reclaman violaciones a derechos humanos de personas adultas mayores. Se establece que los jueces de distrito deben adoptar un papel activo durante el trámite, superando la pasividad procesal. Esto se ejemplifica con un caso donde un adulto mayor enfermo demandó al ISSSTE por la negativa de insumos médicos. Tras conceder una suspensión, el juzgador ignoró nuevos hechos presentados. El Tribunal Colegiado sostuvo que los jueces están obligados por la Constitución a proteger estos derechos con un enfoque interseccional, considerando la edad y el padecimiento, para ordenar las acciones necesarias que garanticen efectivamente el derecho a la salud y la vida.

Cuándo se Considera Delito el Incumplimiento de Obligaciones Alimentarias

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Un reciente criterio jurisprudencial resuelve la controversia sobre el período de comisión del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias. Ante la contradicción de tribunales, ahora se establece que el delito se comete desde que el deudor deja de pagar hasta la fecha en que el Ministerio Público ejerce la acción penal, conforme al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto garantiza el principio de congruencia y la seguridad jurídica del procesado. La excepción es si el deudor cumple de forma ininterrumpida después de la denuncia pero antes del ejercicio de la acción; en ese caso, el período termina al reanudar los pagos. Cualquier incumplimiento posterior será investigado como un delito separado, protegiendo los derechos de las víctimas.

El cheque sin fondos no paga

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Una reciente tesis jurisprudencial establece que un cheque sin fondos no puede considerarse un instrumento de pago válido para extinguir una obligación principal. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito determinó que la falta de liquidez en la cuenta invalida el cheque, independientemente de que el beneficiario no haya acudido a la institución bancaria para cobrarlo. Esta decisión se fundamenta en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la cual define al cheque como un sustituto del dinero pagadero a la vista. Por tanto, para que un cheque cumpla su función de pago, es indispensable que cuente con fondos suficientes al momento de su expedición; de lo contrario, la deuda original persiste, fortaleciendo la seguridad jurídica en las transacciones.

El Interés Superior de la Niñez por Encima de la Prescripción Penal

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La imprescriptibilidad de los delitos contra niñas, niños y adolescentes en México es una realidad consolidada. El artículo 106 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que prohíbe la prescripción, es aplicable a la totalidad de los procedimientos penales. Este criterio resuelve una controversia judicial que limitaba su alcance a la materia civil o administrativo. La decisión se fundamenta firmemente en el principio del interés superior de la niñez, el cual faculta a flexibilizar normas procesales para garantizar una tutela efectiva. Sustentado en la Constitución y tratados internacionales, este mandato de orden público asegura que la acción penal contra quienes agreden a este grupo vulnerable nunca prescriba, garantizando el acceso pleno a la justicia.