Amparo

El Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito estableció un criterio crucial sobre el interés jurídico en amparo indirecto en materia sucesoria. Determina que, cuando una persona reclama la falta de emplazamiento a un juicio sucesorio testamentario sin tener aún el carácter de heredero reconocido, no debe sobreseerse el amparo por falta de interés jurídico. La razón es fundamental: decidir si debió ser emplazada es una cuestión de fondo (analizar la omisión constitucional), no de procedencia. Sobre-seer basándose en que no es heredero prejuzga el mérito del asunto. Este precedente protege el derecho a ser oído, garantizando que la violación procesal sea examinada en el juicio de amparo y no archivada preliminarmente.

en el sistema y el envío del aviso a los contactos registrados, sin requerir que la autoridad acredite su recepción material. Así lo estableció el Pleno Regional Centro-Norte, resolviendo una contradicción de criterios. Este fundamento, basado en los artículos 17-K y 134 del CFF, entiende el aviso como un alerta instrumental, mientras la notificación en sí es el documento alojado en el buzón. La validez no depende de factores externos como fallos en correo o telefonía, garantizando seguridad jurídica y plazos ciertos. La responsabilidad de consultar el buzón recae en el contribuyente.

La eficacia probatoria de las videograbaciones de audiencias penales sin autenticar en un juicio de amparo ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El criterio establece que estos registros digitales sí pueden ser válidos para decidir sobre una suspensión provisional. La condición indispensable es que, al presentarlos, el promovente manifieste bajo protesta de decir verdad que se trata de una copia íntegra e inalterada. Esta postura se apoya en los derechos constitucionales de acceso a la tecnología y a una tutela jurisdiccional efectiva, atendiendo a las dificultades prácticas de obtener pruebas certificadas. A pesar de ello, el juez conserva la facultad de valorar la fiabilidad de la videograbación.

El post detalla un criterio jurisprudencial clave sobre el amparo indirecto cuando se reclaman violaciones a derechos humanos de personas adultas mayores. Se establece que los jueces de distrito deben adoptar un papel activo durante el trámite, superando la pasividad procesal. Esto se ejemplifica con un caso donde un adulto mayor enfermo demandó al ISSSTE por la negativa de insumos médicos. Tras conceder una suspensión, el juzgador ignoró nuevos hechos presentados. El Tribunal Colegiado sostuvo que los jueces están obligados por la Constitución a proteger estos derechos con un enfoque interseccional, considerando la edad y el padecimiento, para ordenar las acciones necesarias que garanticen efectivamente el derecho a la salud y la vida.