Suspensión provisional en amparo indirecto: ¿procede contra la expulsión de un adolescente de secundaria?
Cuando un estudiante de educación básica es expulsado de su escuela por acumular faltas al reglamento, la suspensión provisional en amparo indirecto se convierte en una herramienta jurídica de primera línea para proteger su derecho a la educación. Pero, ¿qué ocurre cuando el juzgado de Distrito niega esa medida cautelar argumentando que se afecta el interés social? Recientemente, un criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito ha establecido que, en estos casos, la suspensión provisional en amparo indirecto sí procede, siempre que se ponderen correctamente los intereses en juego.
El Caso
Una persona adolescente, a través de su representante legal, promovió un amparo indirecto contra su expulsión de la escuela secundaria donde cursaba el segundo grado. El motivo de la expulsión fue la acumulación de tres faltas al reglamento interno del plantel. Al solicitar la suspensión provisional —esa medida urgente que busca mantener las cosas en su estado mientras se resuelve el fondo del amparo—, el Juzgado de Distrito la negó. El razonamiento del juzgador fue que conceder la suspensión provocaría un perjuicio al interés social y contravendría disposiciones de orden público, en un grado mayor a los daños que podría sufrir el quejoso.
Inconforme con esa decisión, la parte afectada interpuso un recurso de queja, argumentando que la negativa vulneraba su derecho a la educación y, sobre todo, el interés superior del menor de edad. El Tribunal Colegiado, al analizar el recurso, dio la razón al adolescente y sentó un criterio claro: la suspensión provisional sí procede en estos escenarios.
El criterio jurídico
El tribunal sostuvo que, en casos como este, procede la suspensión provisional en amparo indirecto contra la expulsión de un adolescente de la escuela de educación básica (secundaria), aun cuando la causa sea la acumulación de faltas al reglamento. Pero, ¿por qué? La clave está en el análisis ponderado que debe hacer el juzgador, aplicando la apariencia del buen derecho (fumus boni iuris) y el periculum in mora (riesgo de que la demora cause daños irreparables).
El tribunal parte de que el derecho a la educación, consagrado en el artículo 3° de la Constitución Federal, no es solo una prerrogativa individual, sino que tiene una dimensión social e institucional de especial relevancia. La educación es la base para formar ciudadanos informados, participativos y capaces de intervenir en la deliberación democrática. Por ello, la colectividad tiene un interés legítimo en que todas las personas, incluidos los adolescentes, reciban educación en igualdad de condiciones.
En este sentido, el tribunal considera que, lejos de afectarse el interés social o contravenderse el orden público, el otorgamiento de la suspensión protege ese interés colectivo. Negarla, en cambio, sí generaría un daño social: la pérdida de un año escolar para un joven que está en plena formación, con el consecuente rezago educativo y la afectación a su proyecto de vida.
Otro elemento determinante es el periculum in mora. El tribunal enfatiza que el daño que causaría la negativa de la suspensión sería inminentemente irreparable, porque el estudiante perdería el ciclo escolar sin posibilidad de recuperar ese tiempo. A diferencia de otros bienes jurídicos que pueden ser resarcidos económicamente, el tiempo de formación educativa no tiene equivalente monetario ni puede reponerse después. Esta circunstancia inclina claramente la balanza hacia la concesión de la medida cautelar.
El interés superior del menor y el precedente de la Suprema Corte
El criterio se refuerza con la doctrina de la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha sostenido que el derecho a la educación es un derecho social y colectivo de estructura compleja. Esto significa que no solo el Estado está obligado a garantizarlo, sino también los particulares —en este caso, la escuela—, y que los titulares de ese derecho no son únicamente los individuos, sino la sociedad en su conjunto.
Además, el interés superior del menor es un principio rector que debe orientar toda decisión que involucre a personas adolescentes. La expulsión, sin una medida cautelar que la suspenda, podría causar un daño profundo en su desarrollo personal y social, afectando su autoestima, su integración y su futuro. El tribunal, al aplicar este principio, prioriza la permanencia del estudiante en el aula mientras se resuelve el fondo del asunto.
Conoce el Criterio:
“Registro digital: 2032576
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Duodécima Época
Materias(s): Administrativa, Común
Tesis: XVII.1o.P.A.8 A (12a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA EXPULSIÓN DE UNA PERSONA ADOLESCENTE DE LA ESCUELA EN LA QUE CURSA LA EDUCACIÓN BÁSICA (SECUNDARIA) POR ACUMULAR FALTAS A SU REGLAMENTO.
Hechos: Una persona adolescente, por conducto de su representante, promovió amparo indirecto contra su expulsión de la escuela secundaria donde cursa el segundo grado por acumular tres faltas a su reglamento. El Juzgado de Distrito negó la suspensión provisional solicitada. Consideró que con su concesión se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, en un grado mayor a los daños y perjuicios que pudiera sufrir la persona quejosa. Contra esa decisión interpuso recurso de queja. Argumentó que viola su derecho a la educación y el interés superior del menor de edad.
Criterio jurídico: Procede la suspensión provisional en amparo indirecto contra la expulsión de una persona adolescente de la escuela en la cual cursa la educación básica (secundaria) por acumular faltas a su reglamento.
Justificación: El análisis ponderado del caso concreto, bajo la apariencia del buen derecho, conduce a establecer que con el otorgamiento de la suspensión provisional, lejos de afectarse el interés social y contravenirse disposiciones de orden público, se protege la dimensión social o institucional que dota al derecho humano a la educación de una especial relevancia, toda vez que la existencia de personas educadas es una condición necesaria para el funcionamiento de una sociedad democrática. La deliberación pública no puede llevarse a cabo sin una sociedad informada, vigilante, participativa, atenta a las cuestiones públicas y capaz de intervenir competentemente en la discusión democrática. De ahí que la colectividad esté interesada en que la persona adolescente reciba educación como cualquier otra. El daño causado con la negativa de suspensión sería inminentemente no reparable, pues perdería el año escolar sin poder recuperar ese tiempo. Por ello, debe privilegiarse el derecho fundamental a la educación contenido en el artículo 3o. de la Constitución Federal, en tanto constituye una prerrogativa que tiene todo ser humano a recibir formación, instrucción, dirección o enseñanza necesaria para el desarrollo armónico de todas sus capacidades cognoscitivas, intelectuales, físicas y humanas, a partir de la adquisición de conocimientos que fomenten el amor a la patria, la solidaridad, la independencia, la justicia, la paz, la democracia y el respeto a la dignidad humana, partiendo del aprendizaje de valores y derechos humanos previstos en los programas oficiales establecidos o autorizados por el Estado, de conformidad con las normas jurídicas vigentes, a fin de contribuir al desarrollo del individuo y la transformación de la sociedad. Máxime que la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el derecho a la educación es un derecho social y colectivo que tiene una estructura jurídica compleja, cuyas obligaciones y derechos no recaen en un solo individuo, sino que, para lograr su cumplimiento efectivo, se requiere de la intervención tanto del Estado como de los particulares, ya sea como sujetos obligados o titulares del derecho.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Queja 583/2025. 31 de diciembre de 2025. Unanimidad de votos de las personas Magistradas Mario Humberto Gámez Roldán, José Raymundo Cornejo Olvera y Marta Elena Barrios Solís. Ponente: José Raymundo Cornejo Olvera. Secretaria: Claudia Alejandra Alvarado Medinilla.
Esta tesis se publicó el viernes 28 de agosto de 2026 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la Federación.”
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