Solicitud de Constitución de Patrimonio Familiar

por

Este modelo jurídico permite solicitar ante un Juez de lo Familiar la constitución de un patrimonio familiar sobre un inmueble casa habitación, destinado a proteger el derecho a la vivienda del cónyuge e hijos menores. El solicitante debe acreditar: propiedad del inmueble, valor inferior al límite legal (equivalente a multiplicaciones del salario mínimo), vínculo matrimonial y filiación de los beneficiarios mediante actas de nacimiento y matrimonio. Se adjuntan documentos probatorios como escritura pública, avalúo bancario y contrato de arrendamiento actual. El procedimiento, en vía de jurisdicción voluntaria, requiere intervención del Ministerio Público e inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Su finalidad es garantizar la estabilidad familiar, evitando la enajenación o gravamen del bien sin consentimiento judicial.

¿Cómo se invalida una Asamblea de Condóminos?

por

La Ley de Propiedad en Condominio de la CDMX establece requisitos estrictos para asambleas válidas. Cinco errores comunes invalidan acuerdos:
1. Convocatoria defectuosa: Falta de orden del día detallado, plazo inferior a 5 días o medios no autorizados (Art. 32).
2. Quórum insuficiente: Calcular votos por personas en lugar de porcentajes de indiviso o incluir morosos (Art. 33).
3. Votación irregular: Representación excesiva (>2 condóminos por apoderado) o participación del administrador (Art. 31).
4. Temas no incluidos: Aprobar asuntos no anunciados o confundir asambleas ordinarias con extraordinarias (Art. 30).
5. Actas mal elaboradas: Libro no autorizado, firmas incompletas u omisión de datos clave (Art. 36).
Estos errores acarrean nulidad de acuerdos, demandas y paralización de obras. Para evitarlos: siga los plazos legales, verifique quórum con porcentajes de indiviso, documente todo en actas autorizadas y consulte a un abogado en casos complejos.

¿Por qué prohibir las marcas descriptivas?

por

El Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la validez del artículo 173, fracción IV, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), que prohíbe el registro de marcas descriptivas. La resolución negó el registro de una marca por describir directamente los servicios que pretendía distinguir. El Tribunal sostuvo que esta prohibición tiene dos finalidades constitucionales: evitar la competencia desleal, al impedir que un agente económico monopolice términos comunes necesarios para el etiquetado y publicidad del sector; y garantizar la distintividad de los signos marcarios, esencial para diferenciar productos o servicios en el mercado. Estas finalidades protegen la competencia económica, los derechos del consumidor y la función primordial de las marcas, alineándose con los intereses colectivos salvaguardados por la ley.

Amparo Indirecto e Interés Superior de la Niñez

por

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito estableció que procede excepcionalmente el amparo indirecto contra el desechamiento de un recurso de apelación, cuando este se interpone contra el auto que inadmite pruebas relativas a hechos de violencia contra menores en un incidente de modificación de custodia. Aunque el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo exige que el acto reclamado sea de imposible reparación, el criterio prioriza el interés superior de la niñez (artículo 4° constitucional). La inadmisión de pruebas sobre violencia infantil implica un riesgo prevalente de daño a la salud física y mental de los menores, por lo que postergar su examen constitucional hasta la resolución del incidente viola su protección reforzada. Esta excepción flexibiliza requisitos procesales para garantizar derechos fundamentales de niños en situación de vulnerabilidad.

Reparación del Daño y el artículo 495 de la Ley Federal del Trabajo

por

El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito analizó si el artículo 495 de la Ley Federal del Trabajo viola el derecho a una reparación integral del daño. El caso surgió de una demanda contra una aseguradora por lesiones, donde la víctima argumentó que la norma limitaba la indemnización. El tribunal determinó que el artículo 495 LFT es constitucional, ya que establece una compensación proporcional para incapacidades parciales permanentes, considerando que la persona afectada aún puede desempeñar actividades laborales y generar ingresos. La indemnización, calculada en días de salario mínimo y complementada por el artículo 1915 del Código Civil para la Ciudad de México, busca equilibrar la reparación con la capacidad económica residual de la víctima, sin desconocer su derecho a una justa indemnización.