Derecho

El Interés Superior de la Niñez por Encima de la Prescripción Penal

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La imprescriptibilidad de los delitos contra niñas, niños y adolescentes en México es una realidad consolidada. El artículo 106 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que prohíbe la prescripción, es aplicable a la totalidad de los procedimientos penales. Este criterio resuelve una controversia judicial que limitaba su alcance a la materia civil o administrativo. La decisión se fundamenta firmemente en el principio del interés superior de la niñez, el cual faculta a flexibilizar normas procesales para garantizar una tutela efectiva. Sustentado en la Constitución y tratados internacionales, este mandato de orden público asegura que la acción penal contra quienes agreden a este grupo vulnerable nunca prescriba, garantizando el acceso pleno a la justicia.

La reserva de ley y el control del tabaco

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el Artículo 60 del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco no viola los principios de Reserva de Ley y Subordinación Jerárquica. El debate se centró en si un reglamento podía especificar las características de las zonas para fumar. La Corte determinó que la norma es constitucional porque la propia Ley, en su Artículo 27, ya establecía que dichas zonas debían estar al aire libre y facultaba a la Secretaría de Salud a emitir las disposiciones reglamentarias necesarias. Por lo tanto, el reglamento no crea obligaciones nuevas, sino que complementa y da operatividad a lo dispuesto en la Ley, cumpliendo así su función de detallar la norma para su correcta aplicación.

La perspectiva sensible al bienestar animal en amparos

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El Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estableció la «Perspectiva Sensible al Bienestar Animal», un criterio que debe aplicarse en juicios de amparo indirecto cuando se involucran derechos de seres sintientes. Surgido a raíz de un caso sobre el Mercado de Sonora, este enfoque obliga a los jueces a identificar circunstancias aparentemente «inofensivas» que afectan a los animales. Para ello, deben valorar factores específicos de cada especie, como su entorno adecuado, dieta nutritiva, ausencia de angustia y la libertad de expresar su comportamiento natural. Esta metodología, inspirada en los derechos humanos, busca una protección más efectiva y garantista de los animales.

El Juez Correcto en el Amparo

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En el juicio de amparo directo, el análisis de los presupuestos procesales, como la jurisdicción, es una obligación que debe realizarse de oficio por el Tribunal Colegiado de Circuito, sin que pueda dejarse al arbitrio de las partes. Un caso en Guerrero ejemplifica esto: una demanda laboral contra un organismo público descentralizado fue presentada ante una Junta Local, pero el Tribunal Colegiado determinó que esta carecía de jurisdicción. Aunque el decreto de creación del organismo mencionaba la Ley Federal del Trabajo para los derechos sustantivos, esto no definía al tribunal competente. La ley local correspondiente señala que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje es el órgano apto para resolver estos conflictos, garantizando así la tutela judicial efectiva.

Terminación de Contrato de Arrendamiento en jurisdicción voluntaria

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Este modelo jurídico presenta un «Aviso en Vía de Jurisdicción Voluntaria para Terminación de Contrato de Arrendamiento» en Jalisco, diseñado para que el arrendador solicite formalmente la conclusión de un contrato vencido. Expone los hechos esenciales: existencia del contrato, plazo forzoso cumplido, renta pactada y voluntad de terminación. Fundamenta su petición en los artículos 2398 y 2404 del Código Civil, y 881, 884 y 885 del Código de Procedimientos Civiles locales. El escrito solicita al juez notificar personalmente al arrendatario, otorgándole tres meses para desocupar el inmueble bajo apercibimiento de lanzamiento forzoso. Incluye requisitos formales como domicilio para notificaciones, anexo del contrato base y petición de traslado, asegurando claridad procesal y apego a la legislación aplicable.