Derecho

El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito analizó si el artículo 495 de la Ley Federal del Trabajo viola el derecho a una reparación integral del daño. El caso surgió de una demanda contra una aseguradora por lesiones, donde la víctima argumentó que la norma limitaba la indemnización. El tribunal determinó que el artículo 495 LFT es constitucional, ya que establece una compensación proporcional para incapacidades parciales permanentes, considerando que la persona afectada aún puede desempeñar actividades laborales y generar ingresos. La indemnización, calculada en días de salario mínimo y complementada por el artículo 1915 del Código Civil para la Ciudad de México, busca equilibrar la reparación con la capacidad económica residual de la víctima, sin desconocer su derecho a una justa indemnización.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito estableció que una demanda de amparo presentada en línea con firma autógrafa digitalizada del quejoso y firma electrónica del abogado autorizado no debe desecharse de plano. El juzgado originario la rechazó por considerar que carecía de voluntad expresa del agraviado, pero el tribunal colegiado determinó que esta configuración no constituye una causa manifiesta de improcedencia. Fundamentó su criterio en los principios pro persona y pro actione, así como en el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva (artículo 17 constitucional), que prohíben formalismos innecesarios. Cuando existen indicios razonables de voluntad para promover el juicio —como la firma autógrafa digitalizada—, la irregularidad debe subsanarse mediante prevención, no mediante desechamiento. Así, las tecnologías facilitan el acceso a la justicia sin obstaculizar derechos.