Criterios

Las sentencias estructurales en el amparo son un mecanismo clave para la protección integral de los derechos humanos. Su finalidad es reparar violaciones sistemáticas que afectan a colectivos, y no solo a individuos. Estas resoluciones permiten a los jueces ordenar medidas de política pública y reformas para erradicar prácticas discriminatorias y prevenir futuras vulneraciones. Su fundamento se encuentra en la Ley de Amparo, la Constitución y tratados internacionales, que obligan a una reparación efectiva. De este modo, las sentencias estructurales trascienden el principio tradicional de relatividad, convirtiendo el amparo en una herramienta de transformación social que garantiza derechos de manera efectiva y generalizada, abordando la raíz del problema y no solo sus síntomas.

La autorización para la extracción de datos de equipos de telecomunicación en procesos penales federales depende de la etapa procesal en que se encuentre la causa. Según un criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, durante la etapa de investigación inicial, la competencia corresponde a un juez del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación. Sin embargo, una vez judicializado el asunto y al pasar a la etapa de investigación complementaria, la facultad recae en un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con jurisdicción en el lugar donde se ejecutará la técnica. Este cambio se debe a que la competencia del centro especializado está temporalmente acotada a la fase previa a la judicialización. El Tribunal aclaró que esta regla de competencias no limita el derecho del Ministerio Público para solicitar estas técnicas durante la investigación complementaria.

El derecho a la salud en casos de enfermedades raras implica una obligación concreta para las instituciones públicas. Un reciente criterio jurídico, derivado de un amparo de un menor con Síndrome de Morquio contra el IMSS, establece que estas entidades deben gestionar responsablemente los fondos para gastos catastróficos. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito determinó que no es una facultad, sino un deber, activar los mecanismos para aplicar los recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. Esta obligación abarca la planeación, adquisición y suministro de tratamientos, asegurando que la existencia de un fondo económico se traduzca en la atención efectiva del paciente y en la garantía de su derecho humano a la salud.

La recusación en amparo procede solo si el recusante expone elementos objetivos y verídicos que evidencien el riesgo de pérdida de imparcialidad del juzgador, conforme a los artículos 51 y 59 de la Ley de Amparo. El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito estableció que, ante la ausencia de dichos elementos, la Presidencia del Tribunal Colegiado debe desecharla de plano. Esto obedece a que los juzgadores gozan de presunción de imparcialidad, por lo que corresponde al recusante desvirtuarla con hechos concretos. El requisito busca garantizar el derecho a una justicia pronta y expedita (artículo 17 constitucional), evitando prácticas dilatorias. La simple invocación de una causal sin sustento objetivo es insuficiente para proceder.