Análisis

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito determinó que el desistimiento parcial en amparo directo solo procede respecto de actos reclamados, no de conceptos de violación. En el caso analizado, una quejosa intentó desistirse de un concepto de violación, pero el tribunal rechazó dicha solicitud, argumentando que los conceptos de violación son argumentos para impugnar la constitucionalidad de los actos reclamados, no parte de la litis constitucional. Conforme al artículo 170 de la Ley de Amparo, el desistimiento debe versar sobre los actos que ponen fin al juicio. Si una parte desea omitir conceptos de violación, esto debe considerarse como una manifestación sin efectos extintivos, ya que carece de operatividad jurídica.

El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte resolvió que procede la suplencia de la queja deficiente (artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo) en favor de personas pensionadas por jubilación cuando reclaman prestaciones vinculadas a su derecho a la pensión. Esta decisión unifica criterios contradictorios de Tribunales Colegiados y se fundamenta en la vulnerabilidad estructural de los jubilados —adultos mayores con limitaciones físicas, económicas y de acceso a la justicia—. La Suprema Corte ha ampliado esta figura a grupos no explícitos en la norma cuando su reclamo se relaciona con derechos del artículo 123 constitucional y existe afectación a la tutela jurisdiccional efectiva. Así, se garantiza igualdad procesal y protección constitucional a pensionados ante reducciones de ingresos o barreras para defender sus derechos.

El Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región estableció que, para determinar la calidad de víctima en una carpeta de investigación, el Ministerio Público debe basar su análisis exclusivamente en los hechos denunciados, no en la clasificación jurídica que el denunciante les atribuya. Esto surge de un caso donde se negó el carácter de víctima al considerar que los hechos afectaban a la sociedad, sin evidencia de daño directo al denunciante. El criterio subraya que, conforme al artículo 21 constitucional y el 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el MP tiene la obligación de investigar exhaustivamente, siendo el único facultado para establecer una clasificación jurídica preliminar. La determinación de la calidad de víctima depende de los hechos, no de la calificación inicial del denunciante, garantizando así una investigación imparcial y técnica.