Amparo

El principio de progresividad de los derechos humanos exige que el Estado avance en la protección de estos derechos, estableciendo un nivel mínimo de protección que no puede ser regresivo. La prohibición de regresividad impide que los actos legislativos limiten el alcance de derechos previamente reconocidos. A través de un juicio de amparo indirecto, se analizó la derogación de la Ley Federal de Cinematografía y la extinción del FIDECINE, argumentando que representaba una violación al principio de no regresividad. Para evaluar esta violación, se deben considerar el nivel de protección anterior, los cambios realizados y sus efectos. La regresión sólo puede justificarse si las autoridades demuestran esfuerzos suficientes para satisfacer el derecho en cuestión.

En el juicio de amparo, los documentos digitalizados presentados electrónicamente sin manifestación bajo protesta de decir verdad de ser copias íntegras e inalteradas deben valorarse como copias simples. La falta de esta manifestación no obliga a reponer el procedimiento, sino que corresponde al quejoso acreditar su interés jurídico con los documentos presentados. Este criterio, sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que la carga probatoria recae en el promovente y que el requisito de la protesta tiene como objetivo garantizar la autenticidad de los documentos y la certeza jurídica del procedimiento. La omisión de la protesta no afecta la validez de los documentos, pero sí limita su valor probatorio.

En el juicio de amparo indirecto, cuando la quejosa se ostenta como persona tercera extraña al juicio por equiparación y existen indicios de que compareció en el juicio de origen omitiendo uno de sus nombres, el Tribunal de Amparo debe corroborar de oficio si se trata de la misma persona. Para ello, debe recabar pruebas idóneas como la CURP, credencial de elector o acta de nacimiento, y dar vista a las partes para garantizar su derecho de defensa. Este criterio, establecido por el Tribunal Colegiado de Circuito, refuerza la importancia de analizar con rigor las causales de improcedencia, asegurando que el juicio de amparo se resuelva de manera justa y conforme a derecho.