¿Qué es el desvío de recursos públicos?
En el ámbito de la administración pública, es fundamental garantizar el uso adecuado de los recursos públicos. Sin embargo, lamentablemente, en ocasiones se presentan casos de desvío de recursos públicos, una falta administrativa considerada como grave que puede tener consecuencias legales significativas para los servidores públicos involucrados.
El artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas define al desvío de recursos públicos como la asignación o desvío de recursos públicos, ya sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. Esto implica actos como el otorgamiento o autorización de pagos que no se ajustan a los tabuladores correspondientes, el pago de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin sustento legal, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos no previstos en leyes o contratos colectivos, entre otros.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los servidores públicos deben abstenerse de realizar conductas consideradas como faltas administrativas graves. En el caso del desvío de recursos públicos, los servidores públicos serán responsables si autorizan, solicitan o realizan actos que conduzcan a dicho desvío. Es importante destacar que el desvío de recursos públicos puede implicar tanto acciones como omisiones por parte de los servidores públicos.
Cuando un servidor público es encontrado responsable del desvío de recursos públicos, se le impondrán sanciones que puede variar y será determinada por el Tribunal encargado del caso. Algunas de las sanciones posibles son:
- Suspensión del empleo, cargo o comisión: Esta sanción implica la suspensión temporal de las funciones del servidor público por un período de treinta a noventa días naturales.
- Destitución del empleo, cargo o comisión: En casos más graves, el servidor público puede ser destituido de su empleo, cargo o comisión de manera permanente.
- Sanción económica: Se puede imponer al servidor público una multa económica como consecuencia de la falta administrativa cometida.
- Inhabilitación temporal: El servidor público puede ser inhabilitado temporalmente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. La duración de la inhabilitación dependerá de la gravedad de la falta y el monto de la afectación causada.
Es importante tener en cuenta que el Tribunal encargado puede imponer una o más de estas sanciones, siempre y cuando sean compatibles entre sí y acorde a la gravedad de la falta administrativa cometida. Además, se considerarán diversos factores al momento de determinar la sanción, como los daños y perjuicios patrimoniales causados, el nivel jerárquico del infractor, las circunstancias socioeconómicas del servidor público, entre otros.
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