El interdicto en materia agraria procede para proteger la posesión de lotes ejidales o comunales, incluso cuando las partes carecen de título formal, siempre que la posesión derive de un acto jurídico civil (como compraventa o cesión). Un tribunal confirmó este criterio al resolver un caso donde el predio estaba en un asentamiento irregular no regularizado, y ninguna parte acreditó derechos agrarios. La jurisprudencia avala que, aunque la transmisión no cumpla con la Ley Agraria, basta un acto civil para justificar la posesión. El interdicto permite restituir o mantener la tenencia si se prueba el despojo y una base jurídica civil, sin exigir título agrario. Esta figura adapta el derecho a la realidad de posesiones informales, garantizando protección ante conflictos posesorios.