El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó que el impedimento para registrar marcas por semejanza en grado de confusión (artículo 173, fracción XVIII, LFPPI) aplica aunque los productos o servicios pertenezcan a clases distintas. El caso analizado involucró una marca denegada por su similitud fonética y gráfica con registros previos, a pesar de no compartir clasificación. El Tribunal determinó que el análisis debe considerar factores como naturaleza, destino, público objetivo y canales de distribución, no solo la identidad de productos. Esto refuerza que el riesgo de confusión en el mercado prevalece sobre las clasificaciones formales. Quienes busquen registrar una marca deben realizar búsquedas exhaustivas más allá de su clase para evitar negativas.

La contradicción de criterios solo existe cuando dos tribunales interpretan de forma opuesta un mismo problema legal en sentencias firmes. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur determinó que, si al presentar la denuncia no hay sentencia en uno de los casos señalados como contradictorios, la contradicción es inexistente. Esto se debe a que, jurídicamente, un «criterio» requiere un pronunciamiento judicial definitivo. Sin resoluciones firmes en ambos asuntos, no hay posturas que puedan contrastarse. Por tanto, para acreditar una contradicción, es indispensable que ambas sentencias estén emitidas y sean firmes, garantizando así una base sólida para resolver la discrepancia interpretativa.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito determinó que el Jefe del SAT carece de legitimación para interponer un recurso de reclamación en la revisión fiscal si no fue parte en el juicio contencioso administrativo de origen. El caso analizado involucró la impugnación de una sentencia que anuló la negativa de devolución de saldo a favor de IVA. El Tribunal sostuvo que, conforme al artículo 3o., fracción II, inciso c) de la LFPCA, el Jefe del SAT solo es parte cuando se impugnan resoluciones de autoridades coordinadas. Al no cumplir este requisito, su recurso fue desechado. Este criterio refuerza la importancia de verificar la legitimación procesal antes de promover recursos fiscales, evitando impugnaciones infundadas.