¿Despido pese a amparo? La suspensión que evita reincorporación

La Suspensión Provisional: Un Escudo Efectivo Contra el Despido Irregular y su Impacto en la Prohibición de Reincorporación.

¿Despido pese a amparo? La suspensión que evita reincorporación. Por qué una resolución de separación dictada en incumplimiento de esta medida cautelar NO activa la prohibición constitucional de reincorporación para servidores públicos de instituciones policiales.

Recientemente, un Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa precisó los alcances del artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo una distinción fundamental en materia de amparo y derecho administrativo sancionador, que se debe comprender.

El Caso

Un servidor público en activo adscrito a la Fiscalía General de la República es notificado del inicio de un procedimiento administrativo de separación (despido). Ante esto, promueve un juicio de amparo indirecto. El Juzgado de Distrito, al analizar la solicitud de medida cautelar, concede la suspensión provisional. La orden judicial es clara: el procedimiento puede continuar su tramitación, pero no se debe dictar la resolución definitiva que lo separe de su cargo.

Sin embargo, la autoridad administrativa, haciendo caso omiso del mandato judicial, emite la resolución de separación. El servidor público, ahora despedido pese a la protección judicial, promueve un incidente por incumplimiento de la suspensión provisional, el cual es declarado fundado. Hasta aquí, parece un caso típico de desobediencia a un tribunal federal.

La controversia surgió cuando la autoridad responsable, al ser compelida a revocar su resolución ilegal, argumentó que ya no podía hacerlo. Su defensa se basó en el citado artículo 123 constitucional, que textualmente establece para los miembros de las instituciones policiales: «…no podrá reincorporárseles en ningún caso…» si han sido dados de baja. En otras palabras, la autoridad alegó que, una vez emitida la resolución de separación (aunque fuera en desacato), se actualizaba el supuesto constitucional que prohíbe taxativamente su reincorporación, por lo que el Juez de Distrito no podía ordenar restituirlo en su empleo.

El Criterio Jurídico

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió este conflicto con un razonamiento lógico y garantista. Determinó que la resolución dictada en contravención a una suspensión provisional NO actualiza el supuesto del artículo 123, Apartado B, fracción XIII, constitucional.

La justificación se basa en distinguir dos escenarios completamente diferentes:

  1. Supuesto de Incumplimiento a la Suspensión Provisional: Elementos: a) Un servidor público en activo al momento de promover el amparo. b) Una suspensión provisional concedida para mantenerse en funciones. c) Una resolución de cese emitida por la autoridad, a sabiendas de la existencia de la medida cautelar, es decir, en desacato a la orden judicial.
  2. Supuesto de la Prohibición Constitucional (Art. 123, B, XIII): Elementos: a) Un servidor público ya separado de su cargo mediante un procedimiento regular (no en desacato). b) Una resolución de cese dictada conforme a la ley. c) Una revisión jurisdiccional posterior (amparo) de esa resolución para determinar si fue justificada. d) La consecuencia: si el despido se declara injustificado, el Estado solo está obligado a pagar una indemnización, sin que nunca proceda la reincorporación.

La clave está en el momento procesal y en la validez del acto. La prohibición de reincorporación opera como una consecuencia jurídica de un acto administrativo válido y consumado que es revisado a posteriori por un juez. Es una regla de fondo que aplica al resultado del juicio de amparo contra un despido ya ejecutado legalmente.

En cambio, la suspensión provisional es una medida cautelar previa que busca mantener el statu quo y evitar daños irreparables. Cuando una autoridad viola esta suspensión, su acto (la resolución de separación) carece de eficacia jurídica desde su origen. No es un «despido» en términos constitucionales para efectos del artículo 123, sino un acto nulo de pleno derecho por desobediencia judicial. Es como si nunca hubiera existido para los efectos de activar la prohibición de reincorporación.

Conoce el Criterio:

“Registro digital: 2031675

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Duodécima Época

Materias(s): Común, Administrativa

Tesis: I.4o.A.50 A (11a.)

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Tipo: Aislada

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN CONTRA UNA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA EN ACTIVO, ADSCRITA A UNA INSTITUCIÓN POLICIAL, EN CONTRAVENCIÓN A LA ORDEN EMITIDA EN UNA SUSPENSIÓN, NO ACTUALIZA EL SUPUESTO QUE PROHÍBE LA REINCORPORACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.

Hechos: Una persona servidora pública en activo adscrita a la Fiscalía General de la República promovió amparo indirecto contra el acuerdo de admisión e inicio del procedimiento administrativo de separación instaurado en su contra. El Juzgado de Distrito concedió la suspensión provisional para que el procedimiento continuara y no se dictara la resolución definitiva. No obstante, la autoridad responsable emitió la resolución de separación. La persona quejosa promovió incidente por incumplimiento de la suspensión provisional, el cual se declaró fundado. La autoridad responsable interpuso recurso de queja en el que adujo que la resolución no puede revocarse, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe la reincorporación de dichos servidores públicos cuando hayan causado baja.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la resolución dictada en el procedimiento administrativo de separación contra una persona servidora pública en activo, adscrita a una institución policial, en contravención a la orden emitida en una suspensión provisional, no actualiza el supuesto previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General, que prohíbe su reincorporación.

Justificación: La resolución de separación del cargo dictada en incumplimiento de la suspensión provisional constituye un supuesto diverso al previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, constitucional.

En el primer supuesto concurren los siguientes elementos: 1) una persona servidora pública de una institución policial que se encontraba en activo al promover el amparo; 2) la concesión de una suspensión provisional para mantenerse en funciones y no ser removida; y 3) la emisión de una resolución de cese fundada en actos objeto de suspensión, pese al conocimiento de la medida cautelar.

En el segundo supuesto se presentan los siguientes elementos: 1) una persona servidora pública de las instituciones policiales previamente separada de su cargo; 2) una resolución de cese dictada con base en un procedimiento desarrollado conforme a la normativa aplicable al momento de la infracción; 3) una resolución jurisdiccional derivada de la revisión del cese, orientada a determinar si fue o no justificado, y 4) la consecuencia que, si se declara injustificado, el Estado sólo estará obligado al pago de la indemnización y de las prestaciones correspondientes, sin que en ningún caso proceda la reincorporación.

De ello se sigue que se trata de supuestos distintos, pues la concesión de la suspensión provisional incumplida en el amparo no implica la inobservancia del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional. En efecto, la prohibición de reincorporación de los elementos de los cuerpos de seguridad pública, prevista en dicho precepto, opera en un momento posterior, es decir, una vez dictada la resolución de separación, y no en el caso de una resolución emitida en contravención a una suspensión ya concedida mientras el elemento se encontraba en activo.

En consecuencia, la resolución de separación dictada en contravención a una suspensión provisional carece de eficacia jurídica, pues se sustenta en actos objeto de suspensión cuya ejecución debía considerarse inexistente y no actualiza el supuesto del referido artículo 123, apartado B, fracción XIII, que sólo opera respecto de resoluciones ya emitidas y sujetas a revisión jurisdiccional. Ello asegura que el incidente por incumplimiento de la suspensión provisional cumpla su finalidad.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 224/2025. Coordinadora de Proyectos «B» en la Unidad de Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República. 20 de agosto de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Alberto Ramírez Hernández, secretario en funciones de Magistrado. Secretaria: Mariana Olivia Reyes Laguna.

Esta tesis se publicó el viernes 16 de enero de 2026 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación.”

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