Autor: Gustavo Montaño Álvarez
Twitter: @gustavoma85
De acuerdo con Global Right to Information Rating, en 2018 México se posicionó en el segundo lugar[1] en materia de Derecho a la Información entre 112 países. Por su parte, Transparencia Internacional colocó a México en el lugar 135, de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción. El primer índice se limita a medir el marco legal y no mide la calidad de la implementación; y el segundo, como su nombre lo indica, mide la percepción de la corrupción mediante datos de 16 encuestas procedentes de 10 instituciones.
Sin embargo, si bien dichos índices miden objetivos distintos, lo cierto es que están estrechamente relacionados, ya que el Derecho a la información ha sido considero una gran herramienta para poder combatir la corrupción y favorecer la rendición de cuentas.
No obstante, el fracaso del Derecho a la Información en México como mecanismo al combate a la corrupción tiene sus orígenes en la mala implementación de sus leyes, la carencia de mecanismos que permitan alejar los procedimientos del Derecho a la Información de los controles fácticos de poder y a una mala organización de archivos, así como de la conservación de éstos.
Claros ejemplos se ven todos los días en las respuestas a las solicitudes de acceso a la información, en las que las dependencias (no sé si por ignorancia o a propósito), realizan interpretaciones erróneas de las solicitudes; o en su caso, a conveniencia declaran de forma siniestra la inexistencia de la información o, en el peor de los casos, existen inconsistencias entre la información proporcionada y la previamente publicada por las mismas entidades en sus páginas oficiales de internet.
Para evitar las malas prácticas, es necesario verificar en todo momento la existencia de la información y que se garantice que no ha sido alterada; sin embargo, los actuales mecanismos para validar las respuestas al ejercicio del Derecho a la información, solo se basan en verificar si normativamente se encontraba obligado a contar con la información, en compararla con aquella previamente publicada y en la buena fe que tienen las dependencias al momento de dar respuesta.
Es ahí donde el Blockchain puede jugar un papel trascendental en la transparencia y en la rendición de cuentas.
Es importante recordar que el Blockchain puede definirse como un libro descentralizado y distribuido que permite registrar en él todo tipo de transacciones o registros, como transferencias bancarias, propiedad intelectual, registros públicos de propiedad, contratos, entre otras actividades; permitiendo su seguimiento en tiempo real y de forma transparente.
El Blockchain permite descentralizar la información de su responsable, en virtud de que ésta se encuentra replicada en diferentes nodos, haciendo que los datos que se agreguen a la plataforma no sean objeto de manipulación maliciosa o malintencionada y cuya seguridad está protegida mediante criptografía, lo que hace difícil su eliminación.
La seguridad de las operaciones en el Blockchain radica en la validación que hacen los mineros[2] sobre las transacciones, comprobando que la nueva información siempre coincida con la de la transacción anterior. Por su parte, la transparencia se materializa en el registro automático de cada una de las transacciones en plataformas públicas y de libre acceso, en las que los usuarios no son identificables y se les permite acceder a toda la información que obra en dicho portal.
Por consiguiente, mediante el uso de la cadena de bloques se tendrá la certeza de que la información que se encuentra contenida en la plataforma es oportuna, verificable, actualizada y completa.
Una forma de utilizar el Blockchain en la transparencia gubernamental, sería mediante la implementación de los contratos inteligentes en licitaciones gubernamentales o cualquier forma de contratar un servicio o comprar bienes. Estos contratos inteligentes permiten realizar transacciones sujetas a diferentes condiciones acordadas previamente entre las partes. Su ventaja consiste en que, al estar completamente descentralizado, miles de testigos (mineros) garantizan su implementación y la transparencia en las transacciones, además de que nadie puede manipular los contratos inteligentes sin que todos los integrantes del sistema sean alertados.
Otro ejemplo sería en el registro de beneficiarios de programas sociales, así como de la entrega de los apoyos respectivos, en cuyo caso, el Blockchain permitiría que todos los mineros participantes en el sistema verifiquen que los ciudadanos cumplen a cabalidad con los requisitos previamente establecidos y, posteriormente, que la entrega de apoyos sea garantizada a solo aquellos previamente registrados.
Un último caso para el uso del Blockchain, sería en el campo de la recaudación de contribuciones o impuestos, en el cual se registraría en la plataforma todos los hechos generadores del crédito fiscal y todas las transacciones de los contribuyentes. La cadena de bloques permitirá identificar aquellas transacciones que actualicen un hecho generador y requerir de forma automática su cobro, permitiendo comparar si se realizó el pago correspondiente o no. Con esto, las autoridades fiscales pueden fiscalizar de forma indubitable el recorrido de cada uno de los trámites de pago en tiempo real, un beneficio que también alcanzaría a los usuarios, permitiéndoles constatar la validez de cada documento o solicitud, simplificando enormemente el proceso, otorgándole al sistema contributivo transparencia y seguridad.
En definitiva, el Blockchain permitirá automatizar diversos procedimientos que quedan sujetos al albedrío de los servidores públicos y, por lo tanto, alejar de la mano del hombre los recursos públicos. Además, la plataforma referida permitirá disponer de un histórico de operaciones públicas con la garantía de que no se podrán modificar y que a su vez puede ser verificada en tiempo real por miles de mineros.
Asimismo, mediante el Blockchain público, la difusión de información sin una autoridad modifique su contenido o altere la realidad, permitirá la democratización de la información pública.
Si bien no existe duda de que el Blockchain está cambiando la economía del mundo, tampoco debe existir titubeo en cambiar la forma de rendir cuentas y transparentar los actos administrativos, lo que generaría la confianza de que la información pública no será objeto de alteraciones o encubrimientos.
En definitiva, estamos frente a la oportunidad de entrar a una gran transformación de la transparencia y rendición de cuentas, la cual debe ser aprovechada ante el mal clima de corrupción que invade a nuestro país.
[1] El primer lugar es Afganistán.
[2] Sistemas informáticos que validan la información de la transacción.
