Alejandro

Amparo contra el levantamiento del velo corporativo

por

El modelo presentado es un escrito de demanda de amparo indirecto promovido por una sociedad mercantil (quejosa) contra actos de autoridad que afectaron sus derechos. La quejosa alega que se decretó el levantamiento del velo corporativo y se impusieron medidas cautelares (inmovilización de cuentas y suspensión de pagos) sin ser parte en el procedimiento de origen, violando su derecho al debido proceso, seguridad jurídica y libertad de comercio (artículos 14, 16 y 5 constitucionales). Se solicita la protección de la justicia federal, la suspensión del acto reclamado y la suplencia de la queja por afectación a derechos fundamentales. El escrito destaca la importancia de fundamentar medidas excepcionales como el levantamiento del velo corporativo.

La Corrupción en el Sistema Judicial Mexicano

por

La corrupción en el sistema judicial mexicano es un problema sistémico que afecta la impartición de justicia y socava la confianza pública. Entre las prácticas más comunes destacan el soborno para manipular sentencias, el nepotismo en la contratación, la venta de plazas y promociones, la manipulación de expedientes, la colusión con el crimen organizado, la extorsión a litigantes, el uso de influencias políticas y la falta de transparencia. Estas acciones comprometen la imparcialidad, eficiencia y ética del sistema, favoreciendo la impunidad y perpetuando desigualdades. Para combatir este fenómeno, es indispensable implementar reformas estructurales que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y la profesionalización de los funcionarios, garantizando un sistema judicial justo y confiable.

La omisión genérica de proveer la ejecución de un laudo no desecha la demanda de amparo

por

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que una demanda de amparo no debe desecharse de plano cuando se reclama la omisión genérica en la ejecución de un laudo laboral. Este criterio surge ante interpretaciones contradictorias de los tribunales sobre la procedencia de desechar la demanda sin tramitarla. Según la Corte, cuando se plantea esta omisión, el Juzgado debe contar con mayores elementos para determinar si existe realmente el acto reclamado. Esta postura asegura el derecho a la tutela judicial efectiva, protegiendo al trabajador que obtuvo un laudo favorable, al evitar que una posible inacción de la autoridad afecte el cumplimiento de sus derechos laborales.

Amparo Adhesivo: Análisis Prioritario de los Conceptos de Violación que Determinen el Estudio de Fondo

por

El amparo adhesivo es un recurso clave en el sistema jurídico mexicano, utilizado para combatir argumentos que desestiman excepciones capaces de destruir una acción principal o reconvencional. Según el artículo 189 de la Ley de Amparo, los conceptos de violación planteados en este recurso deben analizarse de manera prioritaria cuando su resolución determina si existe materia para estudiar el fondo de la acción. Este enfoque, avalado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, garantiza un proceso justo al asegurar que los tribunales cuenten con los elementos necesarios para resolver correctamente. Este mecanismo procesal refuerza el acceso a la justicia y establece un precedente significativo para la interpretación de la Ley de Amparo.

La Negativa Ficta sobre Solicitudes ante Autoridad Administrativa

por

La negativa ficta es un principio jurídico que se activa cuando una autoridad administrativa no responde a una solicitud en un plazo de tres meses, interpretándose como un «no» implícito. Este mecanismo, según el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se configura al presentar la solicitud ante la autoridad competente, sin que sea necesario que la entrega sea personal. Un caso reciente destacó que el requerimiento de pago presentado ante una autoridad judicial no constituía negativa ficta, pero un criterio judicial afirmó que se permite el uso de medios alternativos para presentar la solicitud. Este derecho protege a los solicitantes ante la inacción administrativa, garantizando una respuesta oportuna.