Amparo Indirecto en Declaraciones Patrimoniales
C. JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE [__________],
CON RESIDENCIA EN [_________], EN TURNO.
PRESENTE.
[Nombre y apellidos del quejoso], promoviendo por propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en [calle o avenida] número [interior y/o], colonia [colonia], código postal [código postal, número y letra entre paréntesis], [alcaldía o municipio y estado de la república]; autorizando en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo vigente, a los Licenciados en Derecho [nombres completos de los abogados], con cédulas profesionales expedidas por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con los números [números de cédula profesional], respectivamente, y autorizando para oír y recibir notificaciones y documentos, así como para imponerse de los presentes autos a los C.C. [nombres completos de los representantes autorizados], ante Usted, con el debido respeto, comparezco para manifestar:
Que, por medio del presente escrito, vengo a solicitar EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL en contra de los actos de autoridad que más adelante precisaré, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo vigente. Para ello, manifiesto lo siguiente:
I. NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO
[Nombre y apellidos del quejoso], con domicilio particular ubicado en [calle o avenida] número [interior y/o], colonia [colonia], código postal [código postal, número y letra entre paréntesis], [alcaldía o municipio y estado de la república].
II. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO
[Nombre del tercero perjudicado].
III. AUTORIDADES RESPONSABLES
- Como autoridades ordenadoras:
- Director General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, con domicilio en [dirección completa].
- Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con domicilio en [dirección completa].
- Como autoridades ejecutoras:
- Secretaría de la Función Pública, con domicilio en [dirección completa].
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con domicilio en [dirección completa]
IV. ACTOS RECLAMADOS
a) Respecto a la autoridad ordenadora:La resolución administrativa emitida por la Secretaría de la Función Pública, mediante la cual se impuso al quejoso la sanción de inhabilitación temporal por cinco añospara desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, derivada de la presunta omisión de información en sus declaraciones patrimoniales.
b) Respecto a la autoridad ejecutora:La ejecución de la sanción impuesta, que incluye la destitución del quejoso de su empleoy la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
V. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO
El quejoso, [nombre ficticio], es un servidor público que durante su desempeño en [institución pública] cumplió con la presentación de sus declaraciones patrimoniales en los años 2015, 2016 y 2017. En mayo de 2021, la Dirección de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública inició un procedimiento administrativo en su contra, argumentando que en sus declaraciones patrimoniales omitió incluir ciertos bienes y cuentas bancarias a su nombre y al de sus dependientes económicos, lo que fue calificado como una falta administrativa grave.
Durante el procedimiento, el quejoso presentó pruebas que justificaban las omisiones señaladas, alegando que dichas cuentas y bienes no estaban bajo su control directo y que la omisión fue producto de un error involuntario, sin dolo ni perjuicio al erario público. No obstante, en mayo de 2022, la Secretaría de la Función Pública resolvió que el quejoso era responsable administrativamente, imponiéndole una sanción de inhabilitación por cinco años y su destitución del cargo.
El quejoso promovió demanda de amparo indirecto, señalando que la calificación de su conducta como falta grave resultaba desproporcionada y que la norma aplicada vulneraba principios de legalidad, proporcionalidad y dignidad humana. El Juzgado de Distrito sobreseyó en parte el juicio y concedió el amparo en otra parte, invalidando la resolución administrativa.
Ante esta decisión, tanto la Secretaría de la Función Pública como el quejoso interpusieron recurso de revisión. El Tribunal Colegiado revocó el sobreseimiento respecto de la norma impugnada y remitió el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual finalmente resolvió que la norma no violaba derechos fundamentales y negó el amparo.
VI. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS
- Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que protege el derecho a la igualdad y no discriminación.
- Artículo 14 de la Constitución, que garantiza el derecho a la legalidad y al debido proceso.
- Artículo 16 de la Constitución, que establece el principio de seguridad jurídicay la prohibición de actos de molestia sin mandamiento legal.
- Artículo 22 de la Constitución, que protege contra penas desproporcionadas y excesivas.
- Artículo 113 de la Constitución, que establece la proporcionalidad de las sanciones administrativas.
VII. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN
El acto reclamado vulnera el principio de proporcionalidad de las sanciones, ya que impone de manera automática la destitución e inhabilitación sin un análisis individualizado del impacto de la conducta del quejoso. La norma aplicada por la autoridad responsable califica de manera indiscriminada como falta grave la omisión de información en declaraciones patrimoniales, sin tomar en cuenta factores como el dolo, el daño al erario o la intencionalidad del servidor público.
Asimismo, se transgrede el derecho a la seguridad jurídica, pues la resolución administrativa impugnada no está debidamente fundada y motivada en la justificación de la gravedad de la conducta atribuida. La interpretación de la norma impugnada permite que la autoridad imponga sanciones sin considerar los principios de mínima intervención y razonabilidad en el derecho administrativo sancionador.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted, Ciudadano Juez de Distrito, atentamente pido:
PRIMERO. Tenerme por presente en los términos de este escrito, mediante el cual promuevo AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL en contra de los actos de autoridad precisados en este libelo.
SEGUNDO. Correr traslado a las autoridades señaladas como responsables para que, en su caso, emitan los informes correspondientes, se fije día y hora para efecto de que tenga verificativo la audiencia constitucional y, previa substanciación del presente Juicio de Garantías, me conceda el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL.
TERCERO. Se me conceda la suspensión provisional y, en su oportunidad, la definitiva del acto reclamado, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, hasta que se dicte la resolución correspondiente en el presente juicio de garantías.
CUARTO. La suplencia de la queja con fundamento en la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado afecta mi derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso.
PROTESTO LO NECESARIO.
[Nombre y firma del quejoso]
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