Consulta

En el juicio de amparo directo, el análisis de los presupuestos procesales, como la jurisdicción, es una obligación que debe realizarse de oficio por el Tribunal Colegiado de Circuito, sin que pueda dejarse al arbitrio de las partes. Un caso en Guerrero ejemplifica esto: una demanda laboral contra un organismo público descentralizado fue presentada ante una Junta Local, pero el Tribunal Colegiado determinó que esta carecía de jurisdicción. Aunque el decreto de creación del organismo mencionaba la Ley Federal del Trabajo para los derechos sustantivos, esto no definía al tribunal competente. La ley local correspondiente señala que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje es el órgano apto para resolver estos conflictos, garantizando así la tutela judicial efectiva.

El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito analizó si el artículo 495 de la Ley Federal del Trabajo viola el derecho a una reparación integral del daño. El caso surgió de una demanda contra una aseguradora por lesiones, donde la víctima argumentó que la norma limitaba la indemnización. El tribunal determinó que el artículo 495 LFT es constitucional, ya que establece una compensación proporcional para incapacidades parciales permanentes, considerando que la persona afectada aún puede desempeñar actividades laborales y generar ingresos. La indemnización, calculada en días de salario mínimo y complementada por el artículo 1915 del Código Civil para la Ciudad de México, busca equilibrar la reparación con la capacidad económica residual de la víctima, sin desconocer su derecho a una justa indemnización.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito estableció que una demanda de amparo presentada en línea con firma autógrafa digitalizada del quejoso y firma electrónica del abogado autorizado no debe desecharse de plano. El juzgado originario la rechazó por considerar que carecía de voluntad expresa del agraviado, pero el tribunal colegiado determinó que esta configuración no constituye una causa manifiesta de improcedencia. Fundamentó su criterio en los principios pro persona y pro actione, así como en el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva (artículo 17 constitucional), que prohíben formalismos innecesarios. Cuando existen indicios razonables de voluntad para promover el juicio —como la firma autógrafa digitalizada—, la irregularidad debe subsanarse mediante prevención, no mediante desechamiento. Así, las tecnologías facilitan el acceso a la justicia sin obstaculizar derechos.