Análisis

El Recurso Innominado del CNPP

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El recurso innominado del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite impugnar decisiones del Ministerio Público, como el no ejercicio de la acción penal. Un criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito establece que el análisis de sus presupuestos procesales (oportunidad, legitimación, formalidad) no está sujeto al principio de contradicción. Esto significa que el juez debe verificarlos de oficio y con rigor previo a la audiencia, sin depender del debate entre partes. Sujetarlos a contradicción podría invalidar recursos procedentes o admitir improcedentes, desvirtuando el sistema impugnativo. El principio solo aplica al fondo del asunto (fundamentación del recurso). Esta distinción garantiza seguridad jurídica y el cumplimiento de objetivos del proceso penal: esclarecer hechos, proteger al inocente y sancionar culpables.

Amparo contra TEPJF en INE

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El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito determinó que procede el juicio de amparo directo contra sentencias de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando resuelven sobre derechos laborales de personas trabajadoras del INE. El criterio se fundamenta en que dichas controversias no pertenecen, en estricto sentido, a la materia electoral, sino laboral. El análisis se basa en el artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuya causal de improcedencia solo aplica a actos electorales. Se invoca la jurisprudencia P./J. 10/2019, que distingue entre materias electoral y laboral, y se declara inaplicable jurisprudencia previa contraria. La decisión garantiza el acceso a la justicia laboral, al no existir recurso ordinario contra las sentencias del Tribunal Electoral en estos casos.

¿Es una Marca un Bien?

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La marca, definida como signo distintivo de productos o servicios (Art. 88 LPI), adquiere la categoría de bien jurídico en México al cumplir tres elementos esenciales: confiere derechos exclusivos mediante registro ante el IMPI (Art. 87 LPI), posee valor económico reconocido por el Código Fiscal (Art. 145 CFF), y es susceptible de apropiación, transferencia o gravamen (Art. 143 LPI). Su naturaleza de bien se materializa en figuras como el Convenio de Licencia de Uso, que requiere inscripción en el IMPI para validez frente a terceros (Art. 136 LPI). Las partes en estos contratos deben obligaciones específicas: mantener la calidad de productos/servicios, identificar al licenciatario, ejercer acciones legales en defensa de la marca, y evitar registros confusos (Arts. 139, 140 y 90 LPI). Así, la marca trasciende su intangibilidad para consolidarse como activo económico y jurídico.

Requisitos en el Contrato de Mutuo

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El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito establece que para acreditar un contrato de préstamo o mutuo es indispensable probar dos elementos: 1) la entrega de dinero o bienes fungibles por parte del acreedor, y 2) el consentimiento del deudor para devolver «otro tanto de la misma especie y calidad». Este criterio surge de un caso donde se absolvió al demandado al no demostrarse su obligación de restituir el dinero. La definición de mutuo del artículo 2384 del Código Civil Federal —aplicable supletoriamente al préstamo mercantil— exige dicho consentimiento, que puede ser expreso (contrato, escritos) o tácito (actos concluyentes). Sin probar la voluntad del deudor de devolver lo recibido, el contrato no se considera perfeccionado, incluso existiendo entrega de fondos.

Abstención del MP de Investigar hechos denunciados

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El Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región estableció que el Ministerio Público no puede abstenerse de investigar hechos denunciados bajo el argumento de que no encuadran en el delito inicialmente señalado. En el caso analizado, una persona denunció posible fraude genérico, pero el MP ordenó el archivo sin realizar diligencias, decisión confirmada por el Juez de Control. El tribunal determinó que, conforme al artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el MP tiene el deber de investigar exhaustivamente los hechos para determinar si configuran la conducta típica denunciada o una diversa. El señalamiento de un delito incorrecto por el denunciante no exime al MP de su obligación de esclarecer los hechos y ejercer su función de investigación.